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Saúl Méndez
Colaborador
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) aseguró que el cierre de las fuentes oficiales de información es absoluto y ha colocado a las radios comunitarias en una situación crítica de desinformación. Según el estudio «Micrófonos bajo el régimen de excepción», el 100% de periodistas comunitarios reporta no tener acceso a fuentes gubernamentales, alcaldías, instituciones de salud, educación ni delegaciones policiales, lo que debilita el vínculo básico entre el Estado y la ciudadanía.
El informe señala que 15 de las 17 radios analizadas continúan presentando solicitudes de acceso a información pública, algunas de manera frecuente. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido mayoritariamente negativa: la totalidad de las emisoras afirma no haber recibido información útil o haber enfrentado negativas directas. De acuerdo con el investigador principal, Carlos Amaya, la Ley de Acceso a la Información Pública, antes considerada una herramienta clave para el periodismo comunitario, ha sido neutralizada en la práctica, limitando los mecanismos ciudadanos de rendición de cuentas
El estudio identifica un patrón creciente de opacidad institucional. El 50% de las radios reportó no haber recibido respuesta a sus solicitudes; en el 33% de los casos, la información fue declarada reservada sin justificación clara; un 13% manifestó haber sentido temor tras solicitar información y un 4% considera que los oficiales de información carecen de la capacitación necesaria.
La investigación combinó metodologías cuantitativas y cualitativas para ofrecer un panorama integral del periodismo comunitario. A través de encuestas aplicadas a 17 radios afiliadas a la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), se recopilaron datos sobre infraestructura, personal, financiamiento e impactos del contexto político en la operación de las emisoras.
Los resultados también muestran que el 94% de las radios ha sido afectado por el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, lo que ha obligado a modificar el trabajo periodístico para reducir riesgos y han recurrido a prácticas de autocensura.
«La mayoría de estas radios han tenido que censurar programas relacionados al análisis de coyuntura nacional y denuncias relacionadas al trabajo del Gobierno en el territorio», detalló el analisis.
El 40% de las radios reportó reducción en la cobertura de temas sensibles, mientras que el 29% admitió recurrir a la autocensura como mecanismo de protección y un 20% lo hizo por temor a represalias. Un 11% atribuyó sus limitaciones directamente al cierre de fuentes informativas, lo que dificulta la verificación y contraste de información.
El temor también se refleja en la cobertura de temas vinculados a derechos humanos o al régimen de excepción: el 76% de los equipos de prensa aseguró sentir mucho temor al abordarlos, frente a un 24% que reportó sentir poco temor.
«Estas cifras reflejan un deterioro alarmante de la libertad de prensa y del derecho a la información en los territorios, afectando especialmente a las voces comunitarias que históricamente han sostenido debates críticos y procesos organizativos locales», explicó la APES.
El temor también se refleja en la cobertura de temas vinculados a derechos humanos o al régimen de excepción: el 76% de los equipos de prensa aseguró sentir mucho temor al abordarlos, frente a un 24% que reportó sentir poco temor.
El informe también expone una marcada vulnerabilidad financiera. El 94% de las radios reportó afectaciones tras el recorte de fondos provenientes de la USAID, canalizados previamente a través de la APES. Esta reducción impactó la sostenibilidad operativa, la producción de contenidos, la adquisición de equipo y la estabilidad del personal. Solo una emisora afirmó no haber sufrido afectaciones.
Para noviembre de 2025, únicamente cuatro radios mantenían algún tipo de apoyo de cooperación internacional, mientras que el resto operaba en condiciones de alta precariedad económica.
El estudio también analizó el impacto de la Ley de Agentes Extranjeros. Nueve de las 17 radios indicaron haberse inscrito en el Registro de Agentes Extranjeros, mientras que ocho no lo hicieron. No obstante, la mayoría afirmó no haber recibido confirmación oficial de su inscripción pese al vencimiento de los plazos establecidos.
Además, el 88% considera que esta normativa afectará su trabajo y limitará su sostenibilidad. Entre los efectos previstos, el 36% estima que dificultará el acceso a fondos internacionales; el 29% teme que el marco legal pueda utilizarse para criminalizar a medios comunitarios; el 21% considera que podría generar temor y fomentar la autocensura, mientras que el 14% prevé un aumento en la carga burocrática y legal.
La APES instó al Estado salvadoreño a garantizar el libre ejercicio del periodismo comunitario sin restricciones arbitrarias ni intimidaciones, así como a cesar cualquier forma de hostigamiento administrativo o fiscal que limite la operación de las radios comunitarias.
