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Por Leonel Herrera*
La celebración de la Semana Santa me hizo reflexionar sobre un aspecto de primera importancia en el actual contexto nacional: la aplicación de justicia.
Y al recordar las injusticias cometidas contra Jesús de Nazareth, que culminaron con su cruel asesinato en la Cruz del Calvario, pensé en un elemento central: los jueces. ¿Quiénes son?; ¿qué criterios e intereses determinan sus fallos y resoluciones?; y ¿por qué muchos de ellos han traicionado los principios y propósitos de la verdadera justicia?
Me pregunté ¿por qué renuncian a su independencia judicial y se someten al gobierno de turno?; ¿por qué su dignidad profesional y humana sucumben fácilmente ante el miedo, la cobardía o la simple comodidad?; ¿por qué -por ejemplo- ningún juez o magistrado ha tenido la valentía de declarar inaplicable el regimen de excepción y ninguno se atreve a procesar a las autoridades penitenciarias por los maltratos, torturas y asesinatos de personas inocentes en las cárceles?
¿Quíenes son esos aplicadores de justicia, principalmente los llamados jueces «sin rostro» que operan los tribunales especializados del régimen de excepción?; ¿quiénes son los jueces que condenan sin pruebas o decretan injustificadamente prisión a personas detenidas?
Estos jueces y juezas, ¿tienen familia, se consideran cristianos, duermen tranquilos a pesar del sufrimiento que provocan muchas de sus decisiones…?
¿Quién es el juez que mandó nuevamente a prisión a Fidel Zavala, aun sabiendo que la acusación en su contra es una represalia por denunciar abusos en el sistema penitenciario?; ¿y quiénes son los jueces de vigilancia penitenciaria que permiten que sea llevado a la misma prisión donde presenció los abusos que denunció? ¿Quiénes son estos jueces malvados?
Un verdadero sistema judicial y unos jueces de verdad habrían protegido a Zavala, por ser un potencial testigo clave para futuros juicios sobre graves violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen de excepcion. Pero no, en vez de eso lo mandan al matadero. Estos jueces saben del grave peligro que corre, saben que lo pueden torturar y matar para que no vuelva a denunciar. Lo saben.
De igual manera, ¿quiénes son los jueces que mantienen en prisión a Atilio Montalvo, Pepe Melara y demás dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, conociendo que es una persecución política y que debido a su grave estado de salud podrían morir en prisión, especialmente Montalvo?
El espurio proceso judicial contra los ambientalistas de Santa Marta y ADES también es un ejemplo terrible de actuaciones sádicas y dolosas de los jueces. Primero, la jueza de paz de Victoria, atendiendo los designios de la Fiscalía, les decretó prisión preventiva de manera injustificada. Después, la jueza de primera instancia de Sensuntepeque pasó ocho meses negándoles medidas sustitutivas a la cárcel. Finalmente, cuando fueron sobreseídos por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, dos malévolos magistrados de la Cámara Penal de Cojutepeque anularon el fallo absolutorio y ordenaron repetir el juicio en otro tribunal.
Pero el bochorno judicial no paró ahí, pues hace un par de semanas trascendió que el juez que preside el nuevo tribunal que repetirá el juicio perteneció a la ex Guardia Nacional. Lo cual obliga a preguntarnos: ¿cómo es posible que un ex guardia nacional pretenda juzgar a un grupo de ex combatientes guerrilleros por un supuesto delito de la guerra civil? ¿Por qué este juez no tiene la entereza, la decencia y la dignidad de renunciar al caso para evitar las implicaciones éticas y el conflicto de interés? Un juez de verdad no habría aceptado el caso y se hubiera apartado desde el inicio.
¿Quiénes son los jueces que procesan al ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, y otros casos que tienen claras motivaciones políticas?¿Por qué se prestan a pantomimas judiciales que no son más que criminalización y persecución política?
Entonces, ¿quiénes son los jueces del país? La comunidad jurídica, la academia y la ciudadanía deberían reflexionar con urgencia sobre esta delicada situación.
Mientras que los jueces y magistrados, por su parte, deberían tener presente que inevitablemente tendrán que rendir cuentas después, por haber traicionado a la justicia, renunciado a su independencia y permitido que un régimen autoritario socavara el estado de derecho y violara los derechos de miles de personas inocentes.
*Periodista y activista social.
