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@JoakinSalazar
Luego de la derogación de la Ley de Amnistía, por parte de la Sala de lo Constitucional, semanas atrás, los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) votaron en contra de la extradición a España del coronel Guillermo Alfredo Benavides, quien guarda prisión preventiva desde febrero pasado, por dirigir el pelotón del Batallón Atlacatl que asesinó a los padres Jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el 16 de noviembre de 1989.
Preliminarmente, sin que la Corte en Pleno haya hecho público la resolución de no extraditar al militar, implicado en el asesinato de los padres Jesuitas y dos colaboradoras, se ha establecido que los magistrados votaron por unanimidad, hecho que ha generado diversas opiniones entre los sectores involucrados.
Esta mañana, el Rector de la UCA, padre Andreu Oliva, explicó que no pueden emitir un pronunciamiento oficial, puesto que no hay una resolución en firme, sin embargo, lamentó que la decisión de este hecho nuevamente demuestre el poco interés de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a que se ha justicia.
“Es importante conocer la resolución completa de la CSJ, porque hay que establecer cuales son los argumentos jurídicos por lo que la Corte en pleno deniega la extradición en el caso del Coronel Benavides, en todo caso estas argumentaciones, pueden ser también aplicadas a los otros que participaron del juicio que se hizo en el año 1991, pero no pueden aplicarse a aquellos que no han sido detenidos”, explicó Oliva.
Con respecto a la derogación de la Ley de Amnistía, el Rector afirmó que el asesinato de Ignacio Ellacuría, Rector de la UCA; Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Juan Ramón Moreno, Amado López (todos de nacionalidad Española), como también el salvadoreño Joaquín López y López y las colaboradoras Elba y Celina Ramos, está dentro del informe de la Comisión de la Verdad, por lo cual deben ser investigados de oficio por las autoridades salvadoreñas.
“Este caso no puede ser amnistiado, por lo que debe de haber una investigación y una correspondiente sentencia, también los crímenes de Lesa Humanidad y crímenes militares perpetrados en el periodo presidencial de Alfredo Cristiani, quedaron excluidos de amnistía, por lo que debe ser procesado el caso, la CSJ debe responder”, explicó Oliva.
José María Tojeira, Director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), recordó que “nadie habla de los autores intelectuales del asesinato mencionados en la Comisión de la Verdad, parece que el gran problema son los soldados, nosotros hemos dicho que ellos (los soldados) son los menos importantes en el problema, hubo un crimen institucional dirigido por el Estado Mayor y que se saben el nombre de esas personas”, dijo Tojeira.
En el informe de la Comisión de la Verdad se establece que el entonces Jefe del Estado Mayor, René Emilio Ponce, fue quien en presencia de Juan Rafael bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Montano y Francisco Elena Fuentes, dio la orden al General Alfredo Benavides de asesinar a Ellacuría sin dejar testigos; estos serían parte de los autores intelectuales, sin embargo, se menciona la posible participación y conocimiento de los hechos del Presidente de la República Alfredo Cristiani.
“Ciertamente hay debilidad de la justicia al respecto, porque son los autores intelectuales, ocho de los cuales están en el país, y uno en Estados Unidos, los que ni siquiera han sido detenidos, la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía permite que haya oportunidad de justicia en El Salvador”, agregó Oliva.
Pese a ello, el Rector de la UCA recordó que existe la oportunidad de justicia, pero es “débil ”, porque es difícil que los jueces actúen con libertad en un caso como el de los jesuitas, por lo que es importante la contribución de otros países, como el apoyo que quiere brindar España con la Extradición.
“No está todo terminado, el hecho que no se haya aprobado la extradición del Coronel Benavides, no significa que el caso está cerrado, todavía falta que la Corte se pronuncie por los autores intelectuales y que la Audiencia Nacional de España responda a la negativa”, explicó Oliva.
En cuanto al papel de la CSJ, Tojeira dijo: “La Corte Suprema de Justicia es muy poco seria, porque primero toma una decisión y después busca los argumentos para fundamentar esa decisión, hay argumentos sueltos todos dicen cosas diferentes, pero no hay un argumento en común; los magistrados están actuando -no se si racista o sujeto a la potencia militar-, porque hay cuatro personas, y tratan primero el caso del Coronel, mientras que los soldados hasta la próxima sesión”.
El Director de IDHUCA destacó la importancia de potenciar la Justicia Transicional, que para estos casos, que menciona la Comisión de la Verdad, deben ser retomados a través de ella.
“La Justicia Transicional pone en primer lugar la reparación de las víctimas y que más elástica a la hora de hablar en el tema, es importante empezar hablar de diálogo, entre víctimas y victimarios, estos pidiendo perdón y aceptando su error; hay demasiado odio y rencor que impide pedir perdón”, recalcó.
A finales del año pasado, la Audiencia Nacional de España reactivó la orden de captura en contra de 17 militares salvadoreños por el asesinato de los ciudadanos españoles, miembros de la Compañía de Jesús, esta acción más la aprobación de una sentencia de la Sala de lo Constitucional que toda orden de captura de INTERPOL debe ser ejecutada, la Policía Nacional Civil procedió a la captura de los imputados.
En esa oportunidad los militares capturados fueron el Coronel Guillermo Alfredo Benavides, Ramiro Vargas, Ángel Pérez Vásquez y Tomas Zárpate Castillo, todos ex miembros del Batallón Atlacatl, y a quienes el Informe de la Comisión de la Verdad señala, junto otros militares, ser los autores materiales del asesinato de los Jesuitas.
Desde esa oportunidad, seis meses han pasado para que la Corte en Pleno tomara una decisión sobre este hecho, sin embargo, los sacerdotes de la Compañía de Jesús y familiares de las víctimas consideran que la justicia seguirá pendiente en el caso, tras ya 36 años de haber transcurrido el hecho.
Abogados de militares
Lisandro Quintanilla y Carlos Mauricio Guzmán, abogados defensores de 14 de los 17 militares requeridos por la Audiencia Nacional de España, se mostraron satisfechos ante la posible resolución de la Corte en Pleno, sin embargo, expresaron su preocupación por la votación unánime de los magistrados para no extraditar al militar Benavides.
Hasta el momento, ellos, no han sido notificados por parte de Corte Plena o del Juzgado Primero de Paz de San Salvador, explicó Quintanilla; quien confirmó que la resolución es de forma individual para los cuatro militares retenidos en bartolinas de la PNC.
Sin embargo, esta mañana, los abogados se presentaron a la CSJ, para solicitar dicha notificación que autorice la liberación del coronel, dado que se negó la extradición; hecho que esperan sean esta misma tarde la liberación.
Para los abogados, la resolución a favor de los militares solo confirma la sentencia emitida en el 2012, donde se le negó la extradición a España de los militares requeridos.
Los defensores no descartan que esta resolución de la Corte en Pleno esté basada en la derogación de la Ley de Amnistía y de la oportunidad, nuevamente a los juzgados salvadoreños para procesar el caso Jesuitas, como parte de los casos documentados por la Comisión de la Verdad en su informe.
Pese a ello, los abogados prefieren que el proceso se realice en el país, puesto que en Estaña, “ellos irían directo al matadero, mientras que aquí ya fue una cosa juzgada”, explicó Quintanilla.
