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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Acción Ciudadana y FUNDE señalaron que el proyecto Tren del Pacífico, Aeropuerto del Pacífico y Centros Penales deben ejecutarse con criterios de legalidad y transparencia, de lo contrario, hay un alto riesgo de corrupción, sin embargo, las leyes especiales para las tres obras desplazan los controles democráticos ya existentes, e imponen un mecanismo de autorregulación con una cuota de discrecionalidad alta a favor del Órgano Ejecutivo.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, indicó que en los tres proyectos se ha detectado falta de transparencia y fueron anunciados en un ambiente de opacidad y nula participación ciudadana, revelando escasa información en la formulación de los proyectos planteados y sus leyes especiales.
Expresó que en los proyectos hay un desplazamiento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), sustituyéndola por un marco normativo especial para cada obra, emitida por la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
“Hay déficit de transparencia en estos proyectos anunciados por el gobierno, en la medida que sea menos transparente la fase de adjudicación y ejecución de contratos, así como la construcción, se corre mayor riesgo de corrupción; al quitar la regulación de la LACAP se posibilita que haya discrecionalidad en la asignación de estas obras públicas, el gobierno podría designar a su arbitrio quién puede ejecutar el proyecto, sin tomar criterios de competencia”, enfatizó Escobar.
A criterio de Acción Ciudadana, el Estado está obligado a la gestión transparente de los proyectos y a garantizar que su funcionamiento reporte beneficios al país, por lo cual debe adoptar las medidas necesarias para ejecutarlos sin poner en riesgo la soberanía nacional, frente a la injerencia de poderes económicos y políticos extranjeros.
Tanto FUNDE como Acción Ciudadana instaron al Órgano Ejecutivo, así como a la Asamblea Legislativa, a revisar el marco jurídico creado para cada uno de los proyectos, y fortalecer los mecanismos de control aplicables desde su formulación, hasta su eventual concesión, partiendo de los requerimientos mínimos establecidos en la LACAP, es decir, aplicar estándares internacionales y adoptar mecanismos de transparencia que permitan prevenir y combatir la corrupción en los proyectos.
Asimismo, hicieron un llamado a las diversas instituciones gubernamentales a implementar los criterios de la Iniciativa para la Transparencia en Sector de la Construcción (CoST), a fin de aplicar los más altos estándares de transparencia y acceso a la información producida en los proyectos. Las entidades de fiscalización y control deberán monitorear de manera proactiva y con efectividad el uso de los recursos del Estado.
