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La Asociación de Profesionales por la Transformación (PROES) pide a la Fiscalía General de la República que asuma su rol e investigue los supuestos casos de corrupción del Gobierno durante la pandemia.
Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
La Asociación de Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) invitó a la ciudadanía a estar atenta ante los indicios de presuntos actos de corrupción generados por el gobierno de Nayib Bukele. A la fecha, contabilizan más de 33 hechos en los que se sospecha corrupción entre altos funcionarios del gobierno actual; entre estos, el ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker; el ministro de Salud, Francisco Alabí, y el expresidente del FONAES, Jorge Aguilar.
“La gestión gubernamental de Nayib Bukele se ha visto marcada por continuos actos que generan sospecha del uso y destino de los fondos públicos, sobre todo por los miembros de su Gabinete; sin embargo, esto genera más sospecha durante el contexto de la pandemia por COVID-19”, sostuvo Johana Flores, socióloga y representante de PROES, a través de la entrevista radial “Realidad a Fondo”, transmitida por Radio Maya Visión.
La socióloga remarcó la falta de coherencia por parte del mandatario salvadoreño, ya que desde el inicio de la pandemia dijo que no iba a permitir actos de corrupción por parte de sus funcionarios, pero esto no ha sido así; pues, solamente Jorge “Koky” Aguilar ha sido apartado de su cargo por supuestos actos de corrupción en los que es vinculado. “La reacción del presidente no ha sido contundente ante estos casos de corrupción”, explicó.
PROES ha contabilizado al menos 33 casos de corrupción, que se registran en su Cuaderno de Análisis, creado para dar a conocer los hechos de corrupción, pues considera que son fondos públicos y, ante la falta de estos, se genera más desigualdad, sobre todo para los sectores vulnerables y más empobrecidos del país.
De los 33 casos, solo 25 se han dado durante el periodo de emergencia por COVID-19, en las que se incluyen compras sobrevaluadas, compras a empresas vinculadas a funcionarios de Gobierno, mal uso de transferencias monetarias y el tema de los recursos de las donaciones.
“Hemos visto que alrededor de $145 millones es un monto que está involucrado en actos de corrupción, una cifra alarmante, sin incluir lo que ha cuestionado la Asamblea Legislativa por el uso de los $250 millones por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y otros detalles que no han sido públicos y hay denuncias”, dijo.
Pablo Anliker está siendo investigado por el mal manejo de $250 millones por la emergencia sanitaria. Además, se le vincula con la compra de alimentos a una empresa brasileña por $9,2 millones, empresa que está vinculada a un escándalo de corrupción. El MAG también compró por $1.2 millones alimentos a una empresa de inversiones, vinculada a la familia de Koky Aguilar, explicó.
En cuanto al ministro de Salud, Francisco Alabi, PROES cuestiona la compra de equipos de protección para profesionales en primera línea que no están certificados, como también compras con precios sobrevalorados arriba del precio en el mercado.
PROES pide que una comisión investigue todos estos casos de corrupción en el que se vinculan fondos del Estado. Asimismo, el reciente caso de supuesta negociación del Gobierno con pandillas, el cual salió a la luz la semana pasada por investigaciones periodísticas.
“Estos hechos deberían de estar siendo investigados por las instituciones encargadas de auditar el uso de recursos públicos, como la Corte de Cuentas de la República y la Fiscalía General de la República, que hay que señalar la falta de entereza por parte de dicha entidad que no asume ninguna investigación y asume una actitud contemplativa ante los hechos denunciados”, comentó.
