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@JoakinSalazar
Víctimas de la violencia son prioridad. El desplazamiento forzado, es sin duda alguna, uno de los temas de mayor importancia en la actualidad. Las amenazas o intimidaciones generan que familias salvadoreñas cambien de domicilio y de vida; esta situación será retomado por la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero, para generar políticas de seguridad.
Recientemente, la Procuradora visitó a las 20 familias que abandonaron sus hogares en el Cantón El Castaño, del Municipio de Caluco, Sonsonate, donde verificó las condiciones de las 73 personas que desde hace dos semanas abandonaron sus hogares por las amenazas.
Ayer, la Procuradora reconoció que “Algunas personas si recibieron amenazas directas, pero hay otras familias que abandonaron sus hogares, yéndose a los albergues, porque se quedaron solos en algunos sectores, teniendo miedo por las posibles amenazas”.
“La Policía ya confirmó que tiene el control en la Zona de El Castaño, tenemos el conocimiento de las capturas que se han realizado, motivo por el cual hice un llamado a las familias refugiadas, para que si ellas consideraban regresar a sus hogares de forma paulatina, lo hicieran”, dijo la funcionaria.
El Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, ha confirmado más de 60 detenciones, por el caso de las amenazas en El Castaño y zonas aledañas, principalmente a dos de los cabecillas de pandillas que generaban miedo en la población del cantón.
“El Jefe Policial me ha prometido que van a tener permanencia policial en el sector”, agregó la Procuradora; quien, además, confirmó que algunas familias regresan a sus hogares, para ver sus pertenencias y sus plantaciones, con el apoyo de la PNC y de la Comuna de Caluco.
De igual manera, explicó que existe el interés de entidad, como garante de los derechos humanos.
“Tenemos una delegación en Sonsonate, que ha estado acompañando, claro que esta parte de esta atención que está para que las personas vayan tomando la decisión y paulatinamente retornen”, dijo.
La Procuradora pidió a las familias y la población en general un voto de confianza a las autoridades que están apoyando con el tema de seguridad, como el Gobierno, la PNC y otros.
“He manifestado mi respaldo y mi apoyo a la implementación de las medidas extraordinarias de seguridad aprobadas por la totalidad de diputados de la Asamblea Legislativa; como procuradora, apoyo estas medidas, y el combate frontal de la delincuencia y criminalidad de este país”, recalcó.
Finalmente, la Procuradora dijo que buscará una reunión con el Consejo Nacional de Seguridad y Conviviencia Ciudadana, el director de la PNC, Howard Cotto y el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, para abordar la posibilidad de crear políticas de seguridad para el desplazamiento forzado y atención a las víctimas.
En relación a esto, el Ministro Ramírez Landaverde anunció recientemente que pedirá a la Asamblea Legislativa, la aprobación de $600 mil dólares para abordar el tratamiento a víctimas de la violencia, fondos provenientes de la Contribución Especial para la Seguridad.
