José M. Tojeira
Cuando comienzan las lluvias es casi automático que se den circunstancias que nos recuerdan la necesidad de prevención. Este año se ha estrenado con el deslizamiento de tierras producido en la carretera panamericana en la cercanía de Los Chorros. Una vez más, raro es el año que no sucede, se ha interrumpido el tránsito a la capital, obligando a dar un gran rodeo por la carretera de Quezaltepeque.
Que no se haya logrado estabilidad y seguridad de las paredes que flanquean una carretera tan concurrida muestra a las claras que la prevención no es prioridad en El Salvador. Pero no es el único caso. La multiplicación de muertes en tráfico en semana santa continúa siendo una plaga a pesar de algunos esfuerzos por prevenirlas.
Las políticas de construcción de viviendas vulneran con frecuencia recomendaciones medioambientales básicas. La nueva ley de minería añade a los graves peligros de la minería a cielo abierto la poca capacidad del Estado de supervisar normativas medioambientales y prevenir el desastre.
La detención y encarcelamiento de personas en la lucha contra las pandillas a base de “atarrayazos” en las colonias populares, muestra una vez más que la prevención, a otro nivel, de respetar los derechos humanos, desaparece cuando se fijan objetivos sociales que a parte de ser en principio buenos, comportan beneficios políticos.
Esta despreocupación por prevenir desastres, que pueden darse tanto en áreas geográficas y medioambientales como en dimensiones estrictamente humanas, se refleja tanto en el olvido intencionado de tratados y protocolos internacionales ratificados por el país como en la decisión de no firmar el Acuerdo de Escazú.
Los defensores del medioambiente, sobre todo los pobres que lo defienden desde su propia realidad, son con frecuencia criminalizados. En general se puede observar una clara tendencia a atacar a toda persona que trata de prevenir el respeto a derechos, sean medioambientales, humanos, o vinculados a la defensa del estado de derecho o a la libre información.
La falta de prevención tanto en lo que respecta al ambiente como a la convivencia, conduce siempre al desastre, aunque en ocasiones pueda parecer que conlleva ventajas.
Centrándonos más en la prevención medioambiental, que es la que suele agravarse en tiempo de lluvias, es importante catalogar zonas de riesgo en las carreteras, supervisar la construcción en laderas o en cercanía a pendientes pronunciadas.
Los deslizamientos de tierras son un problema permanente en El Salvador, así como las inundaciones mezcladas con deslaves. Las catástrofes de ese estilo se repiten con frecuencia y es indispensable prevenirlas regulando adecuadamente los terrenos hábiles para construcción de viviendas y las zonas de riesgo que no deben ser utilizadas.
Ayudar a la protección y, si es necesario, al traslado y reubicación de personas que viven pegadas a quebradas, cárcavas o pendientes muy inclinadas con tierras relativamente sueltas, es una tarea pendiente. Prevenir es parte de la seguridad de las personas que el Estado tiene que garantizar.
Dar en la escuela formación sobre enfermedades tropicales que suelen producirse con más frecuencia en tiempos de lluvias, es otra tarea indispensable para proteger a la población y para colaborar en el control de vectores. Nunca sabemos la intensidad con la que puede venir la época de lluvias. Quedar expuestos a lo que venga, dependiendo de la suerte, no es lo adecuado. Como tampoco lo es la indiferencia de los que tienen seguridad frente a las durezas del clima y las vulnerabilidades que afecta normalmente a los más pobres.
Prevenir es responsabilidad de todos en lo micro. En lo macro le corresponde al Estado y todos debemos no solo colaborar sino también exigir cuando los gobiernos olvidan sus responsabilidades.