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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Este jueves inició el juicio contra Henry Alberto Salazar Burgos, perfilado como único sospechoso del asesinato de Lilian Beatriz Méndez, una joven de 27 años quien tenía, al momento de su muerte, ocho meses de embarazo.
El sujeto es acusado por la Fiscalía General de la República por los delitos de feminicidio agravado y aborto sin consentimiento en perjuicio de la vida de su hijo no nacido. El fiscal asignado al caso dijo que pedirían que se modifique esta última imputación al delito de homicidio agravado.
Sin especificar la naturaleza de las pruebas, el fiscal aseguró que cuentan con pruebas contundentes que acreditan la participación de Salazar en el asesinato, así como se prevé que desfilen al menos veintidós testigos durante la celebración del juicio. El caso tiene reserva total.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), Salazar Burgos mantuvo una relación sentimental con la víctima; al quedar embarazada, este le exigió que se practicara un aborto a lo que Lilian se negó.
“El sujeto (Burgos) no estaba de acuerdo con el embarazo, le había propuesto que abortara y fue eso un punto detonante, que ella no aceptara”, resumió el fiscal. También, se considera que el imputado le habría pedido que abortara porque eso “afectaría” su nueva relación sentimental.
De acuerdo a las investigaciones, el 20 de octubre de 2017, el acusado ofreció a Lilian movilizarla de su lugar de trabajo en San Salvador hacia la Terminal del Sur, en el municipio de San Marcos; sin embargo, Burgos se desvió de la ruta y transitó por los municipios de Santo Tomás y Olocuilta, en donde en algún punto de ese trayecto se presume asesinó a Lilian y abandonó su cuerpo sobre el kilómetro 29 de la carretera al Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, este fue localizado hasta el día siguiente.
El abogado defensor, Mario Herrarte opinó que la fiscalía no cuenta con los elementos suficientes para incriminar a Burgos en la muerte de la joven y que los testimonios que comenzaron ayer desacreditaron la teoría de que existió violencia.
La jueza determinó que no había lugar para que la muerte del infante fuera catalogada como homicidio agravado, como lo solicitaba la FGR, basándose en una resolución de la Sala de lo Constitucional que establece hasta cuándo un caso de aborto puede tipificarse como homicidio agravado.
Burgos puede ser condenado hasta un máximo de cincuenta años de cárcel por el feminicidio agravado de la joven y hasta diez por aborto sin consentimiento.
