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Un grupo de ciudadanos presentó ante la Sala de lo Constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, una demanda de inconstitucionalidad en contra de algunas disposiciones del Decreto Ejecutivo 19, referente al estado de emergencia ante la pandemia de COVID-19.
Los demandantes consideran que las disposiciones del artículo 1 literal “b” y “c”, y artículo 2, literal “a”, establecen limitaciones a la libertad física y a la propiedad, lo que debería estar regulado por una ley formal emitida por la Asamblea Legislativa y no por simple decreto Ejecutivo, de acuerdo a los artículos 246 y 131 ordinal 5º de la Constitución
Asimismo, interpusieron una demanda de inconstitucionalidad en contra de lo establecido en el artículo 1 literal “e” del mismo decreto 19 por transgredir la garantía de inviolabilidad de la morada, establecida en el artículo 20 de la Constitución de la República.
Los demandantes observan que el artículo 246 de la Carta Magna establece que: “Los principios, derechos y obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio”; es decir, los derechos constitucionales son inalterables y cualquier regulación a estos solo es posible mediante una ley emitida por el Congreso.
La atribución de emitir leyes, reformarlas o derogarlas es exclusiva del órgano Legislativo, de acuerdo al artículo 131 de la Constitución, por lo que subrayan que es una atribución que ningún otro poder estatal puede usurpar. También, las personas demandantes consideran que con lo dispuesto en el decreto impugnado se irrespeta lo establecido en cuanto a la inviolabilidad de la morada, puesto que las causales que señala la normativa por las que se accederá a viviendas, locales y predios sin consentimiento de sus ocupantes no son las expuestas en la Constitución.
