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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
A raíz de investigaciones efectuadas por varios medios en los que se hace pública la existencia de parientes de diputados contratados y devengando altos salarios en la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, diputado del PNC, y actual presidente de ese órgano de Estado dijo que no puede despedirlos porque gozan de derechos adquiridos y la ley no se lo permite.
El legislador sostuvo que las contrataciones de parientes de sus homólogos en el Congreso no se efectuó durante su gestión, sino en administraciones anteriores donde quienes dirigieron la institución usaron su posición para beneficiar a sus familias y conceder favores a amistades.
“Yo no puedo quitar empleados porque ya cuentan con derechos laborales adquiridos y los jueces que son acuciosos de hacer cumplir la norma en esta materia son rigurosos, de no hacerlo, significa de que del bolsillo de los miembros de junta directiva tiene que salir el dinero para pagar sus salarios caídos”, dijo Ponce.
Ponce detalló que durante décadas, quienes asumían la presidencia de la Asamblea Legislativa contrataban a cónyuges, hijos y todo tipo de familiares de jueces, jefes policiales, directores de medios de comunicación y periodistas, sin tener en cuenta su idoneidad para el cargo, lo que a la fecha provoca que ese órgano de Estado se encuentre sobrecargado de personal.
El parlamentario externó que al inicio de su gestión, la gerencia de comunicaciones de la Asamblea Legislativa cuenta con más de trescientos periodistas cuando unos cincuenta son los que hacen posible el funcionamiento de los medios legislativos.
Como un ejemplo de este accionar de los anteriores presidencias de la institución, Ponce se refirió a los últimos titulares de la misma, en el caso de Guillermo Gallegos (2017-2018) afirmó que además de los resultados arrojados por las investigaciones periodísticas “hizo favores a sus cheros, amigos de infancia que no pasaban el filtros de la meritocracia”.
En el mismo sentido, el legislador externó que su antecesor Norman Quijano, diputado de ARENA, antes de abandonar el cargo no solo contrató personal a sabiendas de la crisis que afrontaba la institución, sino también trasladó una parte del personal de grupo parlamentario que lo acompañó durante su gestión a la Ley de Salarios de la Asamblea Legislativa.
Ponce indicó que si bien se encuentra imposibilitado por la ley para despedir a los empleados que sobrecargan el órgano Legislativo, su deber es que esto no continúe ocurriendo, por ello ha propuesto a la Junta Directiva la aprobación un decreto transitorio de retiro voluntario y que las plazas que resulten vacantes como producto del mismo se congelen por cinco años.
El titular del primer órgano de Estado también mostró un listado de 83 empleados cesados durante la gestión de Norman Quijano, que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Tribunal del Servicio Civil le ordenaron reinstalar en sus plazas laborales.
Ponce indicó que la mayoría de estos empleados que debe restituir en sus puestos son cuadros políticos y en algunos casos son exdiputados suplentes que fueron contratados como asesores con salarios elevados.
La Asamblea Legislativa cuenta con una plantilla de 2,347 de las cuales, 1,113 son institucionales y 1,234 empleados de grupos parlamentarios, que representan una carga financiera consistente en el 70 % del presupuesto anual de la institución.
