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Redacción Nacionales
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Human Rights Watch (HRW) informó que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) han revelado prácticas abusivas que han dado lugar a detenciones arbitrarias y abusos de poder. Esta información se sustenta en entrevistas realizadas a oficiales y documentos internos de la institución policial.
HRW realizó varias entrevistas a agentes de policía. “En estos testimonios policiales ofrecen una mirada poco común sobre cómo la policía fabrica evidencia para cumplir con cuotas de detención, extorsiona a personas inocentes, ignora el debido proceso y desobedece órdenes judiciales”, señala Human Rights Watch en un informe publicado este viernes.
La organización pro derechos humanos reveló que agentes de la PNC dijeron que muchas detenciones durante el régimen de excepción, promovida por el gobierno de Nayib Bukele, fueron resultado de la presión para cumplir con cuotas diarias de arrestos y se basaron en pruebas no corroboradas o fabricadas.
Los entrevistados describieron detenciones motivadas por el simple hecho de que “una persona tuviera un tatuaje de cualquier tipo, por información falsa incluida en fichas policiales y por llamadas anónimas no verificadas”.
También relataron “un clima de impunidad” que facilitó que algunos agentes exijan sobornos y, en algunos casos, favores sexuales a mujeres a cambio de no detener a sus familiares.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, dijo que el presidente Nayib Bukele expone sus políticas de seguridad como “un modelo” para el mundo, pero los policías “cuentan una historia completamente distinta”.
Es de recordar que, en marzo de 2022, la Asamblea Legislativa, a petición del Ejecutivo, aprobó el régimen de excepción, desde entonces se ha mantenido y se han detenido a más de 86 mil presuntos pandilleros; pero entre ellos a miles de personas que nada tienen que ver con pandillas.
HRW entrevistó a 11 agentes de policía, quienes tienen entre 9 y 31 años de servicio. Nueve de ellos son miembros activos de la policía, mientras que los otros dos conocen la institución en profundidad y mantienen buenas relaciones con policías actualmente en servicio.
Entre los entrevistados se encuentran sargentos, investigadores, técnicos forenses y agentes policiales de los departamentos de Santa Ana, San Vicente y San Salvador. Cuatro entrevistas se realizaron en San Salvador vía telefónica. Por motivos de seguridad, la organización se reservó los nombres de los agentes y otros datos que puedan contribuir a identificarlos. Human Rights Watch corroboró los testimonios con documentos internos de la policía y testimonios de otros policías y víctimas de abusos.
Lo anterior se suma a la documentación de múltiples violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos, y graves violaciones del debido proceso.
“Aunque los policías describieron los serios problemas de seguridad que representan las pandillas y reconocieron mejoras notables en la seguridad, también denunciaron las prácticas que, según ellos, se vieron obligados a adoptar por presión de sus jefes”, comentó HRW. Los agentes relataron a HRW que a menudo eran reprendidos cuando no cumplían con las cuotas diarias de arresto.
Los oficiales entrevistados dijeron que no podían terminar sus turnos, comer o descansar en las delegaciones hasta que cumplieran su cuota de arresto. Negarse a detener a alguien o expresar preocupación sobre la falta de pruebas para detenerlo frecuentemente resultaba en amenazas de traslados a puestos no deseados o incluso acusaciones del delito de “incumplimiento de deberes”, relataron los agentes. En algunos casos, según relataron, los agentes fabricaron las fichas policiales para justificar una detención.
Los policías les dijeron que muchas acusaciones recibidas a través de llamadas anónimas resultaron ser falsas y estar basadas únicamente en conflictos personales. Según un agente: “Se detuvo a personas solo porque no le caían bien a un vecino”. Algunos también dijeron que recibieron órdenes de no permitir la liberación de las personas detenidas. Describieron un “protocolo” para armar un nuevo caso contra cualquier persona, cuya liberación fuera ordenada por los tribunales.
HRW informó que agentes describieron cómo algunos agentes extorsionaban a personas y cometían actos de explotación sexual. Según un agente “la actitud de los agentes es -si no haces lo que yo digo, te aplico el régimen de excepción-. Se comenzó a usar el régimen de excepción como herramienta para coaccionar”.
“Teníamos identificados a los pandilleros. El problema es que, cuando huyeron a las montañas, los jefes ordenaron cuotas de detención. -Van a detener a cinco personas, no me importa por qué las detengan-. En la formación de las 8 a.m., daban la orden de que una patrulla debía realizar cinco detenciones. La orden estaba dada y venía desde arriba. Algunos compañeros no aceptaban; otros, sí”, dijo uno de los agentes entrevistados por HRW.
“Las jefaturas les pedían (a los agentes) cuotas diarias de personas detenidas en delegaciones. Si alguien “tenía mala cara, lo detenían”, dijo un agente. “Si no lo hacíamos, nos amenazaban con meternos presos por incumplimiento de deberes. Al final, terminábamos haciéndolo por miedo”, comentó otro agente.
Human Rights Watch informó que también revisó un informe interno de la PNC de abril de 2022, un mes después de haber iniciado el régimen, que tres policías presentaron a la Inspectoría General de Seguridad Pública, en el describe las sanciones impuestas a los agentes que se negaron a realizar una detención por falta de evidencia.
El informe indica que a los agentes se les había ordenado detener al familiar de un miembro de una pandilla y “no regresar a la base sin llevar a cabo la detención”. El informe también señala que los agentes se negaron a efectuar la detención porque creían que no había pruebas que relacionaran a la persona con la pandilla. Al día siguiente, fueron trasladados a otra delegación policial.
