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Saúl Méndez
Colaborador
Un estudio realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) reveló una creciente preocupación entre los salvadoreños por las detenciones arbitrarias y los abusos de poder ejercidos por el Estado.
En la evaluación del sexto año de gobierno del presidente Nayib Bukele, el 57.9 % de los encuestados consideró que es muy probable que una persona o institución sufra consecuencias negativas por expresarse de forma crítica hacia el mandatario o su administración.
El informe también profundizó en cuáles serían esas posibles consecuencias. Según los datos, 48 de cada 100 personas creen que alguien que critique al gobierno podría ser detenido o encarcelado.
La encuesta reflejó, además, que muchos ciudadanos temen recibir advertencias, amonestaciones o multas por emitir opiniones contrarias al oficialismo.
También hay preocupación por posibles represalias laborales, incluyendo despidos.
La percepción de que expresarse con libertad conlleva riesgos se refuerza con el hecho de que un 2.1 % de la población identifica el encarcelamiento de personas inocentes y otras violaciones a derechos humanos como uno de los principales problemas que enfrenta el país.
Parte de estas opiniones se enmarcan en la vigencia del régimen de excepción. Aunque esta medida sigue contando con respaldo ciudadano, la demanda de otras medidas va en aumento: después de más de tres años de aplicación, casi 4 de cada 10 personas consideran que ya es momento de buscar otras estrategias de seguridad.
A pesar de esas señales de desgaste, el gobierno de Nayib Bukele mantiene una aprobación del 66.8 % y una calificación promedio de 6.13.
