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Población indígena reafirma sus derechos

Fabricio Benítez
@DiarioCoLatino

Queremos ser sujetos de derechos y no objetos de derechos”. Comunidades indígenas de Izalco se hicieron escuchar una vez más para reivindicar la lucha por sus derechos y pedir a las instancias pertinentes que velen por la protección de los mismos.

Hace ya un poco más del año, viagra desde el 12 de junio de 2014, sick la Asamblea Legislativa ratificó la reforma al artículo 63 de la Constitución de la República, que reza que “El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad”.

Invisibilización, folclorización y poca protección de las comunidades indígenas son los tres problemas principales que la población demanda. “Hasta ahora no hay una política indígena, hay una política de cultura, y esta política es todavía muy reducida. Por eso se menciona una visión todavía muy folclórica del hacer de los pueblos indígenas”, expresó Betty Pérez, del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS).

“Queremos hacer cuestionamientos para pedir que se tomen en cuenta a los pueblos indígenas, pueblos sufridos que necesitan proyectos de reparación moral y no que no solo se instalen placas”, sostuvo Juliana Ama, miembro de la Organización José Feliciano Ama. También agregó que “El Salvador debería impulsar proyectos que lo identifiquen, como la evolución de su lengua nativa, una salud donde se practique la medicina tradicional y la devolución de las tierras indígenas a sus propietarios originales”.  En el Censo de 2007, las comunidades indígenas sumaban el 0.02% de la población salvadoreña. Juliana Ama comenta que para el 2017 se espera que esa cifra aumente: “ya estamos conociendo y reconociendo quiénes somos, y hay muchas personas que se autodeterminan (indígenas), y eso es muy importante”

Las propuestas que los representantes de los pueblos originarios llevaron a la mesa de discusión fueron cuatro: la primera, que se instaure un mecanismo de coordinación entre el Gobierno y las estructuras organizativas indígenas, que permita la reivindicación de sus derechos. “Creemos que crear esta instancia permitiría avanzar en el establecimiento de políticas públicas que atiendan los derechos, desde una visión más integral, de los pueblos indígenas”, detalló Pérez.

Otra propuesta es que en coordinación con las estructuras organizativas de los pueblos indígenas se elabore una agenda nacional de trabajo tomando como base sus derechos y su cosmovisión.

Así también que las personas encargadas, en las instituciones de Gobierno, tengan el conocimiento para el abordaje de trabajo con los pueblos indígenas, superando las prácticas de discriminación y estigmatización.

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