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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
La Unidad del Grupo Conjunto de Apoyo a la Comunidad (GCAC) capturó a dos presuntos pandilleros vinculados con las amenazas a las familias del Cantón Peña Blanca, San Julián, Sonsonate.
El sábado pasado, seis familias abandonaron sus hogares luego de recibir amenazas de grupos criminales. El hecho trascendió en redes sociales, debido a que se manejó como noticia falsa o tendenciosa, sin embargo, los hechos fueron confirmados horas más tarde tras la captura de los sospechosos. Hasta la fecha, Cristosal reporta más de 30 casos de desplazamiento forzado durante 2020, solo 18 de ellos durante el periodo de la pandemia.
El grupo de tarea conjunta de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador realizó un día después la intervención en la zona afectada, en coordinación con la Alcaldía de San Julián, quienes pidieron a los pobladores no abandonar sus hogares, sino que tener confianza, ya que en la zona se pondrá un puesto de la PNC.
“Son unas tres personas las que andan molestando e intimidando a la gente, entonces, no es que sea zona conflictiva, aquí hay gente de trabajo, de campo, pero lamentablemente aquí se han venido a refugiar (delincuentes) generando zozobra aquí en peñas Blancas, y a eso es lo que estamos viendo y verificando tener un puesto aquí perenne de la policía para que las personas puedan regresar y tengan confianza que no les va pasar nada”, dijo el alcalde Manuel Engelhard, a un equipo de periodistas de Teleprensa, quienes verificaron la zona afectada junto a la PNC y al alcalde de San Julián.
El desplazamiento forzado a causa de la violencia ha sido un problema histórico que ha enfrentado el país y las comunidades más vulnerables, y hoy asediadas por pandilleros. Además, ha sido un problema social y de seguridad que no ha sido reconocido por los gobiernos de turno.
Rina Monti -directora del Sistema de Monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal- informó que en lo que va del año la entidad ha atendido al menos una treintena de casos de víctimas de desplazamiento forzado, de estos al menos 18 han sido reportados en el periodo de cuarentena estricta. “Aún en una situación en la que deberíamos de haber estado todas las personas en encierro, los hechos delictivos no habían parado”, sostuvo.
Monti explicó que esto demuestra la importancia en que se debe contar con la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de personas en condición de desplazamiento forzado. La cual debe contar con protocolos y presupuesto suficiente para atender a las familias, dando una asistencia humanitaria y de resguardo, para que estas familias sean reintegradas a sus lugares de origen y otros lugares.
“Seguimos teniendo hasta la fecha los hechos que ocasionan el desplazamiento, siguen siendo las amenazas, los intentos de homicidio, homicidio de algún familiar, extorsión, por lo que es necesario señalar que la condición que pueda tener las víctimas en condición de desplazamiento forzado, en un escenario donde no hay una cuarentena por pandemia, es complejo, pero la cuarentena forzó a que muchas instituciones se resguardaran, tomaran medidas, esto supone una alta vulnerabilidad para las víctimas”, dijo.
