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Plazos procesales, administrativos y judiciales quedan suspendidos hasta el 19 de junio

Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó durante sesión plenaria extraordinaria -ayer- un dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales concerniente en prorrogar la suspensión de plazos procesales, administrativos y judiciales a raíz de la emergencia nacional la tormenta tropical Amanda hasta el 19 de junio.

Los parlamentarios coincidieron en que la extensión de la suspensión de plazos es necesaria ya que muchos empleados públicos y municipales se les complicaría la asistencia a sus lugares de trabajo debido a que la tormenta amanda provocó daños en viviendas, oficinas, escuelas, carreteras, puentes, entre otros.

La decisión de los legisladores se basa en el artículo 84 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, que habilita la suspensión de labores de los empleados de las instituciones del sector público y municipal, siempre que por la naturaleza del servicio que se presta no se considere vital para brindar el auxilio y la ayuda necesaria para superar las consecuencia de la situación climática.

La ausencia de los empleados públicos no impactará negativamente en su remuneración ordinaria correspondiente durante el tiempo que dure la suspensión de los plazos antes mencionados. Los trabajadores mayores de sesenta años de edad, o que padezcan de enfermedades crónicas como: diabetes, hipertensión, o enfermedades inmunodepresoras y mujeres embarazadas no estarán obligados a asistir a sus lugares de trabajo.

La prórroga al Decreto Legislativo 649 aprobada mediante 68 votos a favor de los diputados presentes en pleno legislativo contempla, además, suspensión del plazo y celebración de audiencias de la jurisdicción penal común y jurisdicciones especializadas en materia penal.

De la extensión del período de suspensión de plazos se excluye únicamente aquellos previstos por la Constitución de la República para la detención administrativa, el término de inquirir y consecuentemente, las audiencias derivadas de este último; así como lo relativo a las medidas de protección en materia de violencia intrafamiliar; además de las unidades de acceso e información pública y el Instituto de Acceso a la Información Pública.

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