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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Jeannette Aguilar -investigadora en temas de seguridad- señaló este lunes en la entrevista de Radio YSUCA, que el plan “Control Territorial” lejos de ser una política pública de tratamiento a la violencia de las pandillas se ha constituido como una estrategia “mediática propagandística”.
“En la práctica esta fue la fachada, porque no hubo una estrategia de investigación criminal de estas estructuras, no ha habido desarticulación de grandes estructuras ni de las pandillas ni del crimen organizado tradicional, sino que sabemos ahora, por todas estas evidencias, que la reducción (de homicidios) obedeció a un nuevo acuerdo”, expuso Aguilar.
La investigadora añadió que el presunto nuevo acuerdo entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas abarca, también, a las dos facciones de la pandilla Barrio 18 y no solo a la MS-13, como indicó una investigación periodística del periódico digital El Faro, publicada el pasado 3 de septiembre.
Aguilar comentó que, lo que llamó “el nuevo pacto”, no necesariamente se gestó con la llegada al poder Ejecutivo de Bukele, sino que pudo haber sido negociado desde antes y dijo que las pandillas simpatizaban electoralmente con la oferta de Bukele, “de cara a las elecciones de 2019 me consta que había una alineación de las tres principales pandillas en torno de apoyar electoralmente a Bukele, en algunas zonas con presencia de pandillas, incluso, celebraron el triunfo de Bukele el día de la elección”, dijo.
Las pandillas habrían volcado su apoyo a Bukele al sentirse “traicionadas” por los partidos ARENA y FMLN, indicó la experta, y dijo que el peso electoral de estos grupos se manifestó en las elecciones municipales y legislativas de 2018, cuando promovieron una campaña contra el FMLN, lo que favoreció a ARENA.
Aguilar consideró que el Estado cuenta con herramientas y competencias legales para la implementación de una política de prevención, rehabilitación y resocialización de miembros de pandillas, “no es una opción, es obligación del Estado rehabilitar a las personas en conflicto con la ley, como país hubiésemos avanzado hacia una política de atención integral de la violencia en el contexto de la llegada de este nuevo Gobierno, que tenía amplio apoyo popular y tenía condiciones favorables para lograr un amplio diálogo por la seguridad”, opinó.
La investigadora sostuvo que el despliegue masivo de fuerzas policiales y militares como parte del supuesto plan de seguridad gubernamental se hizo sin el conocimiento técnico de las particularidades de los territorios a intervenir, “pasa por un diagnóstico local, una priorización de necesidades locales y también de una identificación del capital social local que es diferente en cada zona”, comentó.
Señaló, además, que organizaciones de la sociedad civil que apoyaban la labor de identificación de particularidades y necesidades de las comunidades han sido rechazadas e incluso atacadas y su trabajo ha sido deslegitimado por el actual Gobierno.
