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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) presentó ayer una propuesta de “Ley del Sistema de Pensiones no Contributivas” con el fin de darles apoyo económico a las personas de la tercera edad que no tienen ingresos.
La iniciativa presentada obligaría al Estado a dar una pensión mínima a personas mayores de 60 años en situación de pobreza y sin algún apoyo económico. Para ello, se crearía el Sistema de Pensiones No Contributivo, el cual funcionaría a partir del próximo año con un fondo inicial de $50 millones pero que sería incrementado gradualmente.
Según planteó la fracción tricolor, son aproximadamente 532,869 salvadoreños en situación de pobreza extrema las cuales no logran tener una canasta básica de alimentos. El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, informó que la propuesta de ley tiene a la base las últimas cifras que dio el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Dirección General de Estadística y Censos de El Salvador (DIGESTYC), sobre el tema de pobreza, en donde se reveló que 1.7 millones de salvadoreños estaban en la línea de pobreza.
En el primer gobierno del FMLN se creó la Pensión Básica Universal a través de la cual se entregaban 50 dólares mensuales a todas las personas mayores de 70 años que habitan en los municipios más pobres del país. Este programa fue implementado por etapas y llegó los 82 municipios más pobres del país. Este programa fue eliminado por el gobierno del Presidente Nayib Bukele.
El anteproyecto de ley señala que la situación de pobreza extrema se ha incrementado en más de 164 mil salvadoreños, respecto a las cifras de 2019, justo cuando inició el actual Gobierno. Los departamentos con mayor incidencia de pobreza son: Ahuachapán, La Paz, Cabañas y Morazán. Y los de pobreza extrema son los mismos, pero se excluye Morazán y se agrega Chalatenango.
“Esta ley va tendente a que El Estado asuma el pago de una pensión para las personas mayores de 60 años de los municipios más pobres del país”, comentó Cuadra. El anteproyecto de ley tiene como propósito que el Estado pague por lo menos el 25% del salario mínimo actual.
“Si el gobierno dice que ha tenido hasta ganancias con el Bitcoin, de que hay un superávit en la recaudación de impuestos, pues es el momento que la gente más pobre se beneficie de esa bonanza económica. En lugar de estar pagando viajes privados en aviones y comprando camionetas de lujo, se invierta en la gente más pobre”, concluyó el tricolor.
Esta pieza entraría a estudio de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, si la Junta Directiva decide agendarla, ya que en ocasiones anteriores no las agenda.
