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Miembros del Proyecto VIDAS presentan solicitud de audiencia de seguimiento a la sentencia de la a la Sala de lo Constitucional, que dictaminó derogatoria de Ley de Amnistía y promulgación de legislación que promueva verdad y justicia. Foto Diario Co Latino/Alex Pineda

Piden que la FGR explique por qué no puede investigar crímenes de guerra

Alexander Pineda
@DiarioCoLatino

El movimiento Víctimas Demandantes, que agrupa a familiares y a víctimas de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado, presentó una solicitud de seguimiento a la Sala de lo Constitucional para que determine si la sentencia de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Amnistía ha sido cumplida. 

La sentencia emitida el 13 de julio de 2016, dictaminaba que la Asamblea Legislativa debía promulgar una ley en favor de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los hechos, por lo que al considerar que la ley aprobada el 27 de febrero pasado no cumple con lo establecido pidieron que se declare la sentencia como incumplida.

Benjamín Cuéllar (miembro del movimiento) enfatizó en que esperan que la Sala de lo Constitucional determine incumplido su mandato a la Asamblea Legislativa de legislar en favor de las víctimas de la guerra civil, y que en audiencia de seguimiento se solicite al Órgano Ejecutivo un informe detallado de su trabajo por dar cumplimiento a la sentencia. Ambos órganos de Estado son entes obligados.

Por otra parte, solicitaron que se emplace a la Fiscalía General de la República (FGR), el tercer ente obligado, para que argumente el por qué no puede proceder en gran parte de las investigaciones de delitos de lesa humanidad.

Según explicó el activista de derechos humanos, en el Código Procesal Penal de la década de los setenta se determinaba que la acción penal era promovida no solo por la Fiscalía General de la República sino también era compartida por los jueces.

Varios casos, afirmó, no fueron conocidos por jueces en aquella época y que la FGR estaría entonces en la facultad de promover la acción penal por delitos contra la humanidad en la actualidad, sin orden expresa de jueces.

“Este es un llamado a la sociedad salvadoreña a combatir la impunidad, con esa ley las víctimas no tendremos justicia”, opinó Juan José Dalton, miembro del movimiento de víctimas, con respecto a la ley aprobada en febrero pasado.

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