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Julián Salinas -economista de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica- sostiene que actualmente El Salvador ha entrado en una etapa de deuda “insostenible”. Foto Diario Co Latino/Saúl Martínez

Piden anular deuda pública porque incrementará pobreza y desigualdad

Alma Vilches
Saúl Martínez
@DiarioCoLatino

En la semana de la acción global contra la deuda y las Instituciones Financieras Internacionales, CESTA Amigos de la Tierra y la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador RACDES organizaron el foro “Deuda Pública en El Salvador y el Papel del Movimiento Popular”, donde exhortaron a la población salvadoreña a fortalecer los procesos organizativos y exigir la anulación de la deuda, pues esta traerá consigo un incremento en los índices de pobreza y desigualdad social. Para Zulma Larín (coordinadora general de RACDES) es tiempo de que cada salvadoreño se de a la tarea de conocer los datos de las finanzas públicas, que la información sea de manera transparente y no solo los expertos en el tema lo conozcan, así los movimientos sociales puedan fortalecer sus luchas.

“Ya es tiempo que el pueblo se alfabetice y la población conozca los gastos públicos, condenamos que con el tema de la deuda pública haya sectores que se beneficien los bolsillos. Al momento se calcula un aproximado de 3 mil millones de dólares, los que El Salvador adeuda, en un momento se dijo que el 67 % del Producto Interno Bruto estaba destinado para el pago de la deuda externa, pero con la actual pandemia este se ha incrementado exponencialmente”, señaló Larín.

Entre tanto, Julián Salinas, economista de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, quien estuvo a cargo de la ponencia principal, sostuvo que actualmente El Salvador ha entrado en una etapa de deuda “insostenible”, lo cual se refleja en el balance fiscal primario que ha reportado números negativos. El tema de la pandemia se ha vuelto una “excusa”, para incrementar la deuda, ya que esto suma altos índices de pobreza.

A criterio del economista, el endeudamiento no se está traduciendo en mejoras de vida de la población ni del sistema de protección social, implica que en corto y mediano plazo necesite un ajuste sumamente fuerte, lo cual, se traduce a la implementación de nuevos impuestos, recortes de gastos y al final los impactos son para la población salvadoreña. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reportó que el país estaría sumando 600,000 personas nuevas con niveles de pobreza extrema, mientras que, para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el número de personas pobres estaría alcanzando los 400,000.

“Hemos llegado al punto que por cada dólar producido se están pagando $0.90 de deuda, lo cual es alarmante, ya que así no se puede hablar de desarrollo sostenible, y aún más cuando esta deuda la estarán pagando las futuras generaciones. Hasta el momento, El Salvador es el país de la región que más ha gastado en el contexto de la pandemia, gasto que alcanza el 11.1 % del Producto Interno Bruto, mientras que el promedio de Latinoamérica refleja el 4 %”, indicó Salinas.

Lamentó que el poder Ejecutivo tome acciones contradictorias a la transparencia, lo cual, pone en desventaja el sistema democrático, lo que claramente repercute en el tema de la deuda externa, y que por ende el constante conflicto contra el Poder Judicial y Legislativo atenta contra la vulneración de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho.

La directora ejecutiva del CESTA, Silvia Quiroa manifestó que el tema de la deuda pública es netamente ilegal, por el hecho de que no es invertida en el pueblo salvadoreño, pues ese capital va a parar al bolsillo de las empresas transnacionales y la banca privada, tal como ha ocurrido a lo largo de la historia; “es importante mantener la memoria histórica y de vital importancia que el pueblo se organice para el bien del territorio”, reiteró.

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