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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Representantes de cuatro organizaciones de la sociedad civil pidieron a la Sala de lo Constitucional que se convoque a una audiencia de seguimiento a los entes obligados a dar cumplimiento a la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía en julio de 2016, y que dictaminaba la promulgación de una ley que priorizara la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y del Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Marianella García Villas (CODEFAM) fueron las organizaciones que este lunes presentaron la petición en la sede de la Corte Suprema de Justicia.
Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD, explicó que en el pasado la Sala de lo Constitucional ha hecho audiencias de seguimiento en la que convoca a las partes obligadas a dar cumplimiento a una sentencia para que estos detallen cómo y en qué forma han cumplido dicha sentencia.
Sin embargo, considera que el contexto actual no tiene precedentes, puesto que hay una ley aprobada en tiempo establecido por el tribunal constitucional, se tiene un asegurado veto presidencial y se encuentra latente la posibilidad de superar o no el veto presidencial vía mayoría calificada en el pleno legislativo.
Ante tal escenario, la solicitud de intervención de la Sala en el tema es importante puesto que se trata de una sentencia de obligatorio cumplimiento no solo en tiempo sino también en forma.
Las organizaciones consideraron que a pesar de aprobar en tiempo la Ley de Reconciliación Nacional, cuyo plazo para formularla vencía el pasado 28 de febrero, el contenido de la Ley no cumple con los requisitos de asegurar verdad, justicia reparación y garantías de no repetición a las víctimas del conflicto civil y lejos de ello profundiza la impunidad.
Tanto la Asamblea Legislativa, como el Órgano Ejecutivo y la Fiscalía General de la República, están obligados a dar cumplimiento a la sentencia por lo que la petición se encamina a que estas instancias del Estado argumenten de qué forma se cumplió lo dictado por la Sala.
Baños explicó que si bien el Código Penal contempla la figura de la desobediencia a una orden judicial, el objetivo no es emplazar penalmente a los diputados porque implicaría desaforar a la totalidad del pleno legislativo, sino conocer la forma en la que los entes obligados (Parlamento, Presidencia y Fiscalía) dieron cumplimiento a la sentencia.
Por otra parte, Miguel Montenegro, director de la CDHES, consideró acertada la decisión del presidente Nayib Bukele de vetar la ley aprobada el 27 de febrero, sin embargo, agregó que el presidente debe evitar pretensiones políticas a partir de ello y que sus acciones se orienten a la formulación de una ley integral que procure por la verdad y la justicia.
El activista recordó que desde hace cuatro meses se suspendieron los efectos del Decreto Ejecutivo 204, promulgado en los gobiernos del FMLN, el cual tenía por objetivo beneficiar a víctimas de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado con medidas de dignificación, acceso a salud, educación y seguridad alimentaria, reconocimiento de la verdad y apoyo monetario.
