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Yaneth Estrada
@caricheop
Los Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) expresaron que ante la gravedad de la situación creada por el mal manejo de los recursos para la emergencia por el presidente de la República, Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa debe exigir que cumpla lo establecido en el Decreto 608. “Y sí el presidente continúa infringiendo las leyes, la Fiscalía General de la República (FGR) deberá promover un antejuicio para desafuero, por presunta comisión de delito y que el caso se ventile en el órgano Judicial.
En un comunicado, PROES consideró como “hecho grave”, la renuncia de cinco instituciones que integraban el Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica creado mediante el Decreto Legislativo 608 y que faculta al órgano Ejecutivo a contraer deuda por $2,000 millones.
El hecho es grave porque de acuerdo con el documento, “el Comité es el encargado de la dirección y supervisión de todas las obras del fondo”, “deberá proponer al órgano Ejecutivo el presupuesto extraordinario” y “administrar dicho presupuesto”, una vez que aprobado por la Asamblea Legislativa. Este comité estaría integrado por seis funcionarios del órgano Ejecutivo, un representante de las Mipymes y representantes de las cinco instituciones que renunciaron: UCA, ESEN, FUSADES, ANEP y Cámara de Comercio.
Sin embargo, “luego de su salida, la UCA dijo que el Gobierno rechazó la propuesta para contratar auditorías y no le entregó al comité el plan para enfrentar la pandemia, ni la propuesta de distribución del fondo, ni lo invertido por el MINSAL en la fase 1 de la emergencia. Mientras que la ANEP mencionó que el Gobierno y se opuso a que el Comité supervisará el fondo”.
“Lo ocurrido debe alertar a la ciudadanía pues lo que critican las instituciones renunciantes es la falta de transparencia del Ejecutivo en el manejo de los $2,000 millones. El Gobierno no ha desmentido tales señalamientos”, advirtieron.
Aunque, el decreto entró en vigencia el 26 de marzo, o sea, hace mes y medio, el Gobierno no ha presentado a la Asamblea el Presupuesto Extraordinario, ni los planes de informes sobre la emergencia, ni un informe serio sobre los $300 entregados a las familias, que según el Ministro de Hacienda sumaron $400 millones y son parte de los $2,000 millones ya aprobados.
Para PROES, “la negativa del Gobierno a planificar y rendir cuentas puede inducir a un uso discrecional del presupuesto, este hecho se viene a sumar al incumplimiento por parte del presidente Bukele de los fallos de la Sala de lo Constitucional, a su violaciones a derechos humanos y a su irrespeto al sistema democrático”.
