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Rosmeri Alfaro
@DiarioCoLatino
Hasta más de doscientas personas compartían un solo espacio en los centros de contención de Jiquilisco y en el edificio de parqueo Gamaliel, “cuando lo que se busca es lograr el distanciamiento social y evitar la propagación” del COVID-19.
Así lo reveló el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el cual resaltó lo preocupante de la situación por “las dificultades que supone un escenario así”.
Entre el 11 y el 23 de abril de 2020, el IUDOP desarrolló estudio exploratorio a través de una encuesta online a 62 personas que están o estuvieron confinadas en un Centro de Contención.
El 62.2 % de los participantes afirmó que tuvieron que compartir habitación o el espacio para dormir con otras personas; en este sentido, un 57.1 % respondió que la cantidad de personas con las que compartía el espacio era de entre 2 a 5 personas. El 36.8 % señaló que compartía algunos lugares designados para el aseo y para tomar los alimentos, entre otros, con más de 200 personas.
Desde el 11 de marzo de 2020, el Gobierno ha ejecutado una serie de estrategias para minimizar el impacto de la pandemia en el territorio nacional, que incluyen el cierre de fronteras, la habilitación de centros de contención y la implementación de una cuarentena domiciliaria a nivel nacional.
La habilitación de los centros de contención, según la entidad, “ha sido el más polémico, no solo por el manejo y gestión de los centros sino también por las distintas anomalías identificadas”. La situación creó más descontento cuando fue anunciada la cuarentena domiciliaria obligatoria y, con ella, la detención de quienes la incumplieran injustificadamente.
“Esta medida ha sido fuertemente criticada por los efectos contraproducentes que acarrea el confinamiento de grandes cantidades de personas en recintos que, en muchas ocasiones, no han asegurado las condiciones mínimas para evitar el contagio y reducir el riesgo de expansión del virus”, expuso el IUDOP.
Aunque el 93.3 % de los encuestados indicó que sí había podido avisar inmediatamente a alguien sobre su traslado al centro de contención, según el Instituto, “todas las personas que declararon haber sido sometidas a una detención injustificada calificaron como infundada su detención”.
“Fue una detención ilegal de las autoridades, frente a mi vivienda, por sacar a mis mascotas a hacer sus necesidades”; “me amenazaron los agentes con golpearme si me resistía”; “yo iba de compras; soy la única en mi hogar que puedo salir, tengo tres niños a mi cargo y mi madre que es ya de la tercera edad, y dependen de mí” son solo algunas de las declaraciones de los confinados.
Foto Captura de pantalla / Diario Co Latino.
El IUDOP también consultó sobre la atención médica recibida en los centros de contención. Solo el 20 % de las personas en confinamiento la calificó como muy buena y el 17 % como buena.
Según las disposiciones gubernamentales, las personas que ingresan a centros de contención deben permanecer ahí por treinta días. Sin embargo, el 35.6 % aseguró tener más de 30 días en cuarentena obligatoria; de estos, el 56.3 % indicó no tener información al respecto.
Cabe destacar que 77.8 % expuso que les habían realizado al menos una prueba de Coronavirus, pero solo el 11.1 % afirmó que había recibido resultados.
De las 62 personas que permanecían o permanecieron en un Centro de Contención, el 2.2 % dijo haber recibido información oportuna de las autoridades. Un 6.7 % expuso que esta fue clara, 4.4 % señaló que los datos fueron ineficientes, el 24.4 % confusa y un 28.9 % insuficiente.
Según las estadísticas oficiales, entre el 3 de abril y el 6 de mayo fueron habilitados 90 centros de contención. Hasta el 5 de mayo de 2020, las autoridades reportaron 4,016 personas alojadas en 89 centros de contención, de las cuales 2,394 corresponden a personas que fueron detenidas por el incumplimiento de cuarentena domiciliaria. Algunas organizaciones han denunciado que los albergues salvadoreños son foco de contagio de COVID-19.
