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Redacción Nacionales
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“La Ley Especial de Inclusión fue aprobada por la Asamblea Legislativa, pero sin presupuesto y sin reglamento, y claro, no hay cumplimiento, ni de la empresa privada ni de la institucionalidad del gobierno”, denunció Silvia Mejía.
Silvia comentó que a sus 4 meses de edad la poliomelitis afectó su organismo y cambió su vida para siempre, ahora se desplaza en una silla de ruedas, y al realizar un recuento de su niñez a su vida adulta destaca que la constante ha sido siempre la exclusión.
“Nosotros, como población vivimos durante toda la vida con falta de acceso a la educación porque las escuelas no tienen una estructura arquitectónica accesible. Y si le sumamos que muchas veces, se nos discrimina porque piensan que tener una discapacidad física necesito un profesor especial cuando mi discapacidad es física, no intelectual. Y le sumo, a que no tenemos un transporte colectivo adecuado. Entonces, lamentablemente somos invisibilizados”, expresó Silvia Mejía.
La ola de protestas sociales contra el gobierno es imparable, ya sea, por la imposición de la criptomoneda Bitcoin; las reformas constitucionales inconsultas; la militarización de la sociedad; el alza en la Canasta Básica y el despido masivo del Gobierno y municipalidades, entre otras, ahora se sumó la asignación de presupuesto para implementar la Ley Especial de Inclusión, aprobada por la Asamblea Legislativa, además de la ausencia del reglamento que le compete al órgano Ejecutivo.
Silvia Mejía agregó que la acción realizada ante el Ministerio de Hacienda, al cerrar el acceso para presentar sus peticiones, y donde fueron rodeados por agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden, que llegaron y exigieron nombres de las personas, consideró que son muestras que hace falta mayor conocimiento con este grupo de la sociedad salvadoreña.
“El CONAYPD anteriormente fue de gobierno, ahora es una institución autónoma, pero necesita presupuesto para trabajar en la promoción de las personas con discapacidad y contar con un censo fiable de la población con discapacidad, porque no existe en la actualidad”, dijo.
“Nosotros queremos que se nos visualice como las personas útiles, como lo que somos, que podemos también engrandecer al país y ser portadores de fuentes de ingresos en nuestras familias. Porque no estamos pidiendo que nos mantengan, sino una oportunidad educativa y laboral, para desarrollarnos como personas dignas, porque tenemos derechos”, reiteró Mejía.
Carlos Montes, integrante de Amigos de la Tierra y coordinador del Comité Unido por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que integra el CESTA, explicó que en representación de las organizaciones que forman parte de la Mesa Permanente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) exigían una respuesta precisa al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, sobre la asignación de presupuesto.
“Nosotros, anteriormente, firmamos una solicitud pidiendo información sobre cómo estaba el ministro Zelaya, generando la asignación presupuestaria para la Ley Especial de Inclusión a Personas con Discapacidad. Porque ya tenemos un mes y sin respuestas”.
“Y no sabemos de qué manera está asignando en la política presupuestaria los lineamientos en cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión. Por esto, exigimos al ministro Zelaya, gire las directrices y coordine con las instituciones públicas que tiene bajo su control para asignar esos fondos presupuestarios este 2021”, enfatizó Montes.
La Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad, tiene a su base el involucramiento y responsabilidad de todas las instituciones que conforman los órganos del Estado, a generar este presupuesto para implementar la incorporación y respeto irrestricto de los derechos humanos de esta población en todos los ámbitos.
Asimismo, exigieron el aporte inicial presupuestario para el funcionamiento del Consejo Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad, y acciones de verificación en el cumplimiento del contenido de la ley, en especial el acatamiento del artículo 10 y 27 de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, referidas al financiamiento y sanciones por incumplir dicho marco jurídico.
“Consideramos que como personas con discapacidad no estamos siendo visibilizadas por el Gobierno en turno y quizás el ministro Alejandro Zelaya, junto a otros ministros desconoce la entrada en vigencia de la Ley Especial de Inclusión, por esto estamos haciendo esta acción de incidencia política frente al Ministerio de Hacienda y que lastimosamente nos cerró el portón”, sostuvo Montes.
José Mauricio Villanueva, de la Mesa Permanente de la PDDH e integrante del Consejo en pleno del CONAYPD, lamentó que la población desconoce que esta última institución es la rectora para las personas con discapacidad en el país, cuando debe desarrollar un papel institucional importante.
“Muchas personas desconocen el trabajo del CONAYPD, que debe generar programas y acciones para que esta población tenga una mejor atención de salud, una mayor inclusión social y también oportunidades para desarrollarse y su rehabilitación, pero con el presupuesto que tiene por ahora, es difícil que logre implementar este tipo de programas”. “Necesitamos que el presupuesto del ejercicio fiscal se incluya esta partida, para que el Presupuesto del CONAYPD, sea estratégico y con suficiente fuerza para llevar a cabo, y que esperamos como población con discapacidad. Llevamos un año de atraso y sin reglamento se está trabajando -creo- de manera volátil. El Ejecutivo no ha enviado el Reglamento, que se necesita para aplicar la ley, y sin presupuesto como se echarán andar los programas, es una situación preocupante”, denució Villanueva.
