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David Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Foto Diario Co Latino.

PDDH y organizaciones sociales presentan informe de derechos económicos, sociales y culturales

@AlmaCoLatino

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y diferentes organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer el informe acerca de “La situación de los derechos económicos, sildenafil sociales y culturales en El salvador”.

El titular de la PDDH, pills David Ernesto Morales, explicó que el informe ofrece un análisis sobre los principales logros, deudas y desafíos que tiene el Estado salvadoreño en materia de Salud, Educación, Empleo y otras áreas que abarca los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).

“Si bien es cierto, es posible señalar diversas iniciativas gubernamentales orientadas al cumplimiento de los DESC, la situación en que vive la mayor parte de la población salvadoreña indica que hace falta un compromiso más fuerte por atender las obligaciones estatales de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos”, afirmó el Procurador.

Morales indicó que el principal objetivo al presentar el informe es impulsar al Estado hacia la adopción de decisiones que den respuesta a las demandas históricas de la población salvadoreña en materia de DESC, y sobre todo que estos aportes abonen a la construcción de un país pleno en oportunidades para todos.

El informe señala que el país ha impulsado esfuerzos para fortalecer la participación de distintos sectores de la sociedad en el quehacer gubernamental, mediante espacios de participación en ministerios del Órgano Ejecutivo desde donde se ha facilitado y promovido el involucramiento de la población en el diseño de las publicas, por lo que se están generando ciertas oportunidades para que los pueblos indígenas sean partícipes de la toma de decisiones tanto a nivel de Gobierno central como municipal.

La PDDH consideró de gran avance la aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa en abril de 2012, la reforma al artículo 63 de la constitución de la República, donde El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad.

Entre tanto, la PDDH recomienda al Estado salvadoreño ratificar la reforma a dicho artículo, así como que fortalezca los espacios de diálogo y órganos de consulta que se han generado con los pueblos indígenas, dotando de mayor estabilidad y recursos a las instituciones encargadas de su organización y administración.

Entre tanto, la PDDH calificó de positivo que en los últimos años se hayan adoptado decisiones importantes que puedan incidir en la construcción de un país con mejores oportunidades para las mujeres. Uno de los avances fundamentales es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra las Mujeres. Otro de los puntos destacados es que la Ley de Partidos Políticos incluye una disposición la cual establece como obligación que los partidos políticos incluyan al menos el 30% de mujeres en sus planillas para las elecciones.

Sin embargo, la PDDH indicó en el informe que en la actualidad la mujer tiene mayores problemas que los hombres para acceder a empleos remunerados y en condiciones dignas, además entre ellas se contabiliza mayor tasas de analfabetismo, menor acceso a vivienda, tierras y créditos.

Otro de los aspectos destacados en dicho informe son los esfuerzos del Gobierno por garantizar la educación gratuita hasta el bachillerato, la ejecución de programas como la entrega de paquetes escolares, alimentación escolar, vaso de leche, mejoramiento de la infraestructura escolar y la implementación del modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno.

Asimismo, en cuanto al derecho de la salud, la PDDH destacó la reconstrucción de la red hospitalaria, contratación de personal de salud, aumento de la cobertura y el despliegue territorial de los servicios de salud.

La Procuraduría recomendó al Gobierno ratificar las reformas constitucionales que reconocen el derecho a una alimentación adecuada, derecho al agua, y además, reformar la Constitución en el sentido que todos los derechos consignados en instrumentos internacionales de derechos humanos formen parte del catalogo de derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

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