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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), José Apolonio Tobar Serrano demandó del Ministerio de Defensa y Policía Nacional Civil (PNC) un informe detallado sobre la legalidad de algunas intervenciones realizadas en el municipio de Mejicanos y San Salvador, que han violentado derechos a la ciudadanía. “He recibido la denuncia de personas que se acogieron a la confidencialidad (art. 34 de PDDH), en donde nos han expresado que elementos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil han irrumpido en algunas viviendas, en los municipios de Mejicanos y de San Salvador. Junto a otro caso ocurrido el 14 de abril del presente año en los condominios Procavia, en el departamento de Santa Ana, en el cual agentes de la Sección Táctica Operativa de la PNC irrumpieron en una vivienda y amenazaron a los habitantes con detenerlos, remitirlos a un centro de contención y alegaron la aplicación del citado decreto ejecutivo”, afirmó.
El titular de Derechos Humanos, además, solicita los informes a los funcionarios a fin de deducir responsabilidades, individualizando a los elementos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil que participaron en los hechos denunciados, garantizando el respeto al debido proceso, así como cualquier otro dato pertinente a lo demandado.
El procurador Tobar señaló que el Decreto Ejecutivo 19 en el ramo de Salud es claro en el artículo 1, literal c, que establece que “toda personas está obligada a permitir el ingreso de los delegados del Ministerio de Salud, debidamente identificados”, en el marco de la crisis sanitaria que vive el país, por la pandemia del COVID-19, así como, la inspección de locales, predios públicos o privados para evaluar medidas. Sin embargo, no pueden acompañarse de personal policial o militar dentro de los domicilios.
Y, de necesitar el personal de salud apoyo a su seguridad, podrán darles acompañamiento, pero no es legal que ingresen a las viviendas y las personas tienen el derecho, también, a denunciar si han sido sujetas a violaciones de sus derechos, explicó el procurador. “Retomo la resolución 1/20, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (10-04-2020), sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, que ha establecido: El deber de respetar los derechos humanos comprende la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal; es decir, requiere que cualquier órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público se abstenga de violar los derechos humanos y las medidas que los Estados adopten, en particular aquellas que resulten en restricciones de derechos o garantías, deben ajustarse a los principios “pro-persona”, de proporcionalidad, temporalidad y deben tener como finalidad legítima el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral, como el debido y oportuno cuidado a la población, por sobre cualquier otra consideración o interés de naturaleza pública o privada”, reseñó.
Asimismo, recomendó que se giren instrucciones a toda dependencia militar y policial, a fin de que se abstengan de la realización de actos que no se encuentran sustentados en una ley formal, nacional o internacional, y que, por el contrario, pone en riesgo la seguridad e integridad de las poblaciones vulnerables, en especial niñez y mujeres.
