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Redacción Nacionales
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El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en funciones, Ricardo Martínez, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), un aviso debido a las acciones impulsadas por miembros del Sindicato de Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (SEPRODEHES), las cuales han limitado la labor institucional
Según Martínez, por las acciones del sindicato durante tres días fue imposible cumplir con las actividades de la Procuraduría porque no dejaron salida e ingreso de vehículos, en algunos casos amedrentaron a trabajadores, e incluso lanzaron morteros hacia empleados de la institución.
“Por una serie de actos psicológicos contra la estabilidad y tranquilidad del personal de la Procuraduría, venimos a la Fiscalía a presentar un aviso, para que sea esta institución la que califique y determine si hay algún delito y que procesa contra quien corresponda”, afirmó.
La PDDH detalló que desde el 31 de enero los edificios ex Fertica y de transporte en la sede central fueron cerrados por José Guillermo Huezo Cortéz, Cristina López, Wilfredo Rivas, César Ortiz y Jorge Ortega, miembros de la junta directiva de SEPRODEHES, quienes sin fundamento alguno obstaculizaron la labor institucional, asegura el funcionario.
Desde la madrugada del 2 de febrero estas mismas personas, con el acompañamiento de representantes del STISSS, Unidad Sindical Salvadoreña, Federación Sindical de Trabajadores Democrático de El Salvador y SITCCOR, cerraron la calle principal frente a la sede de la PDDH, lo cual ocasionó limitantes al libre tránsito de la población y empleados institucionales.
Debido a estas acciones la PDDH decidió suspender el servicio en el edificio ex Fertica y puso a disposición de la ciudadanía el número 71-677754, 61-988881 y 61-988238, a través de los cuales se estarán tomando las denuncias de presuntas afectaciones a los derechos humanos.
Se retomarán las labores presenciales siempre y cuando no continúen las causas que originaron el cese de las labores institucionales, la Procuraduría reconoce el derecho a manifestarse, pero no deben promoverse desórdenes públicos como los ocurridos desde el pasado lunes. La PDDH responsabilizó a la junta directiva del sindicato de cualquier afectación en la infraestructura o algún empleado.
