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@GloriaCoLatino
“Me he visto en la obligación de dictar una condena de derechos humanos contra la Asamblea Legislativa, clinic help donde le reitero que legisle y reforme la Constitución de la República a favor del derecho humano al agua y la alimentación”, ampoule dijo el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), cialis David Morales.
El titular de los derechos humanos en el país junto a un centenar de representantes de organizaciones sociales, ecológicas, de derechos humanos, cívicas, ADESCOS y Juntas de Agua llegaron al recinto legislativo para interponer el Pronunciamiento de Condena de Derechos Humanos.
Morales explicó que la Constitución de la República establece en su primer artículo que el principio y fin de la actividad del Estado es la persona humana, por tanto, era responsabilidad su protección, sus garantías y el desarrollo progresivo de los derechos humanos.
“La Asamblea Legislativa juega un rol fundamental en esta obligación al legislar, aprobar reformas y ratificar tratados internacionales; y pese a los 9 años de deliberaciones que concluyen en este segundo período, no han aprobado la reforma constitucional y se perderán los esfuerzos y se tendrá que iniciar un nuevo procedimiento que durará otros seis años más”, declaró.
La exigencia social está en sintonía con las obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado salvadoreño, que deberá cumplir, tras la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, al decretar como derecho humano el acceso al agua y la alimentación.
“Esperamos que la Asamblea Legislativa pueda rectificar y levantar la condena al subsanarla con la ratificación del artículo 69; si no estarán condenados por incumplimiento de sus deberes en materia de derechos humanos y será notificado internacionalmente. Y tenemos noticias que en las próximas horas relatores de la ONU y la OEA se pronunciaran sobre el tema”, afirmó el Procurador.
Morales lamentó que en los últimos años, la Asamblea Legislativa no diera muestras de interés para legislar sobre el tema y ni presentara razonamientos serios y de valor técnico-jurídico, que argumenten su retraso en la ratificación del artículo 69. “Desde ya rechazo toda conformación de un ente rector del agua dominado por sectores privados, el agua debe ser regulada y garantizada con predominio del Estado, porque debe prevalecer el bien común, por sobre intereses sectoriales y privados. Me preocupa que uno de los temas que retrasa la ratificación del derecho al agua es el intento de generar predominio privado en el ente rector del agua, porque abre el riesgo de privatización del vital líquido”, aseguro.
