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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Uno de los principales problemas que tiene el país es la falta de acceso al agua, que sea suficiente y de calidad para una inmensa mayoría de la población”, dijo José Acosta, director de Voces en la Frontera, al señalar que en la situación actual de la pandemia del COVID-19 el Gobierno enfrenta un problema estructural que ha generado décadas de equivocadas decisiones políticas y tolerancias en la depredación del medioambiente.
“Hay una situación muy preocupante en este sentido porque el problema se está profundizando, no se ven indicios de una alternativa o de una política pública ambiental que vaya encaminada a enfrentar la problemática de forma correcta y, por el contrario, parece que vamos en sentido inverso. En el Gobierno actual no solo se evidencia incapacidad de enfrentar el problema de una manera integral, sino que con acciones torpes porque esta es una crisis que no solo tiene que ver con el agua, sino con la pésima calidad del agua que se sirve a la población”, explicó.
En cuanto al tema de la Ley General del Agua, cuyo primer anteproyecto para normarlo se presentó en marzo de 2006, que posteriormente fueron renovándose en años subsecuentes, desde las organizaciones sociales, la academia y otras, recordó que lleva en el seno de la Asamblea Legislativa catorce años, sin resultados concretos para la población.
“No vemos aún la luz al final del túnel y no tenemos ni la mínima esperanza de que la Asamblea Legislativa vaya a producir una Ley General de Aguas, que sea de acuerdo a los intereses de la mayoría de la población; por el contrario hemos visto cómo la derecha legislativa ha logrado favorecer que se apruebe una ley con tendencia a la privatización, es preocupante”, acotó.
Acosta considera que el “valor ecológico” del agua es fundamental porque se encuentra relacionada en todos los ámbitos de la vida, desde el saneamiento, protección de salud, agricultura, pesca, la producción alimentaria e hidroeléctrica, así como los procesos agroindustriales que demandan de un recurso hídrico suficiente y potable, de allí la importancia de que se tenga acceso por toda la población.
Asimismo, señaló que la gestión del agua, en un contexto en donde amplias poblaciones no cuentan con el acceso o están sin recursos económicos para obtenerla, se convierte de inmediato en un punto sustancial de las agendas de los gobiernos y el Estado, para dar el reconocimiento de derecho humano del recurso natural e impedir que se aborde con una visión que la convierta en una mercancía.
“Hay un problema de gestión y distribución en donde la ANDA ha sido una institución que no ha mostrado capacidad técnica para enfrentar el problema como se requiere, pero eso también tiene a su base una intencionalidad de debilitar a la institución para después justificar la necesidad de privatizar la distribución del servicio y convertirla en una mercancía; por estas situaciones es importante la participación ciudadana y el movimiento social”, indicó.
Foto Diario Co Latino/Ludwin Vanegas
Para el director de Voces en la Frontera, el informe del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) es “valioso” por datos que dan un contexto sobre el recurso, al señalar que el territorio nacional es el único de la región centroamericana que se encuentra en una tendencia cerca a “situación de estrés hídrico” ( 1,700 metros per cápita por año), que lo colocan en un contexto latinoamericano de más baja disponibilidad agua.
“Es importante, en este tema, la población que se ha mantenido activa y que la mayor parte de protestas que se han generado en este país -me atrevería a decir- es por el tema del agua, muchas veces la gente protesta por su legítimo derecho a que se resuelva su problema del acceso al agua potable. Y también muchas organizaciones hemos protestado para exigir que se apruebe una Ley General del Agua y que se incorpore en su contenido el derecho humano a esta y eso es básico, es fundamental”, admitió.
La doble visión sobre el recurso hídrico, opinó Acosta, ha definido y retrasado por años una Ley General de Aguas, ya que existe un sector de la población económica y políticamente poderosa que maneja espacios con los tomadores de decisión. Y en la contraparte, la mayoría de la población y el liderazgo de varias organizaciones sociales y ambientalistas que han mantenido firme el rechazo a la privatización y la sobre explotación.
“Los próximos años serán clave, porque se intensificarán luchas por garantizar este derecho y esto es bien importante y fundamental para la población; sino, recordemos lo que sucedido allá por el 2003, cuando hubo un intento de privatizar la salud y teníamos un sistema de salud bastante enfermo y vulnerable; -imaginemos- si en ese momento se hubiera permitido la privatización de esos servicios, ¿cómo estaríamos ahora? Pero fue la presión de la gente en la calle que impidió la maniobra del expresidente Francisco Flores en esos años, allí la importancia de la participación ciudadana para defender derechos elementales, como es el derecho humano al agua”, puntualizó.
