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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Con la finalidad de contribuir con las labores de contención del COVID-19 en el país, desarrolladas por el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa extendió hasta el 16 de abril la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República.
Si bien la propuesta del Gobierno central era que la prórroga a dicho decreto, que vence el 13 de abril, fuera por treinta días más y que en sintonía del mismo se ampliara el período de restricción de derechos constitucionales para atender la pandemia del COVID-19, los legisladores optaron por la extensión de cuatro días.
El argumento de los parlamentarios para la decisión tomada es que durante ese lapso trabajarán un nuevo decreto que se acople a todas las necesidades derivadas de la pandemia, garantice los derechos constitucionales de la ciudadanía, el distanciamiento social, la cuarentena tanto domiciliaria como en centros de contención y tome en cuenta los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional.
El cuerpo normativo en cuestión deberá regular las detenciones por incumplimiento de la cuarentena domiciliaria, evitar privaciones de libertad por violar la disposición, garantizar los medicamentos a personas con enfermedades crónicas en aislamiento en centros de contención, separación de pacientes con el virus, entre otros.
Los diputados consideraron que el abordaje de estos aspectos es necesario para evitar que sigan dándose algunas acciones llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad que, amparándose en la restricción de garantías constitucionales, violan derechos humanos de la población.
Respecto a esto, ARENA proponía que la población continúe en cuarentena domiciliaria por quince días más, pero que tengan permiso para salir al trabajo, abastecerse de alimentos, operaciones bancarias, compra de alimentos, dar ayuda a un familiar y enfermedad grave o fallecimiento. El partido tricolor, asimismo, expuso que quienes incumplan la disposición podrían ser sancionados con trabajos de utilidad pública.
En el mismo sentido, el partido FMLN es de la posición de que la cuarentena se extienda por treinta días y que las sanciones por violación de la misma vayan de una amonestación verbal, cuando se trate de la primera vez, hasta una multa económica de $50 por reincidencia.
La solicitud del Ejecutivo es que el Estado de Emergencia Nacional y la restricción de derechos constitucionales se prorrogue por treinta días, además de que se le permita continuar con las detenciones de las personas que no respeten la cuarentena, a pesar de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que este procedimiento es ilegal.
La continuidad de la declaratoria implica suspensión de clases en todo el país, garantías de centros de cuarentena dignos, medidas para evitar acaparamiento de productos y alza de precios, limitación de circulación en lugares afectados o que se encuentren en riesgo epidémico, facilitad para el Gobierno de compra directa al proveedor de equipo y la medicina necesaria para atender a los salvadoreños afectados con dicho virus, evitando dilataciones en los procesos. Así como, la posibilidad de que las gerencias financieras institucionales efectúen los pagos correspondientes de manera anticipada.
