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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Las demandas de fortalecer la gestión comunitaria y apostarle a la transparencia en el manejo de presupuestos y las estrategias de inversión, fueron sugeridas por representantes del Foro del Agua de El Salvador y la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, a un año sin Reglamento para aplicar la Ley General de Recursos Hídricos.
“En el marco del primer año de la Ley General de Recursos Hídricos (LGRH) presentamos nuestro balance sobre avances y desafíos del Estado salvadoreño de cara a la aplicación de la ley orientada a la defensa del derechos, la gestión comunitaria y la lucha contra el robo y despojo del agua en El Salvador”, dijo Gloria Cruz, integrante del Foro del Agua.
Las organizaciones ambientalistas y representantes comunitarios que integran al Foro del Agua de El Salvador y la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, se pronunciaron sobre algunos avances, como la estructuración de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), no obstante, lamentaron que el ente contralor no cuente con su reglamento interno, sin participación social y con poca transparencia sobre los procesos de trabajo.
“Reconocemos algunos avances como la Dirección Técnica, la Comisaría del Agua, el Tribunal Sancionador, el Registro de Juntas de Agua y el Reglamento Especial para la Determinación de Cánones por Uso y Aprovechamiento del Agua. Sin embargo, hay desafíos como el Reglamento interno que es la herramienta clave de regulación e implementación de la misma ley”, sostuvo Cruz.
“Y falta también, la actualización y aprobación del Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, elaborada por el MARN en 2017, que cuenta con directrices de planificación de cuenca y prioriza proyectos de protección y recuperación del agua en el país”, agregó.
Lamentando que a la fecha, la ASA, sólo haya establecido “criterios técnicos mínimos” para la emisión de permisos de exploración y ha ignorado procedimientos básicos que ANDA había desarrollado en el sentido de prevenir afectaciones de los pozos destinados al abastecimiento de agua potable de ANDA y comunitarios.
“Al ignorar este procedimiento está generando disputas por el uso del agua entre las empresas y comunidades, como el caso del cantón Barranca Honda en el municipio de San Juan Opico y de Ciudad Obrera, municipio de Ciudad Arce, en los cuales se otorgaron permisos para la perforación de pozos industriales a menos de 20 metros de pozos comunitarios, que pone en peligro el abastecimiento a comunidades empobrecidas”, argumentó Cruz.
Igualmente, Luis González, en representación de la Alianza contra la Privatización del Agua, expresó que se deben considerar otros desafíos para la ASA, a partir de la “crisis hídrica” que se mantiene en El Salvador.
González añadió que si bien es positivo el principio del proceso histórico de valorar económicamente el uso del agua y priorizar el acceso y rescate de este bien natural, objetó su limitación ante la imposición de un precio máximo de 0 35 centavos por metro cúbico a poblaciones vulnerables económicamente.
“En el reglamento se planteó una fórmula para aplicar según el tipo de uso, la calidad del agua y el tipo de fuente entre otros elementos, pero lo que estamos viendo es la aplicación del precio máximo 0.35 centavos por metro cúbico para todos los usos. Esto favorece a los industriales, los agroindustriales y grandes empresas, que va en detrimento de las comunidades más pobres y las juntas de agua comunitarias rurales”, explicó.
“Obviamente, esto terminará impactando a la mayoría de pobladores, no debería generalizar el cobro de este canon, sino que, atendiendo a los diversos usos como la agroindustria azucarera que utilizan grandes cantidades de agua no deberá pagar lo mismo que las Juntas Comunitarias de Agua, que se ven complicada todos los días para poder llevar agua a diferentes familias beneficiarias”, reiteró González.
A este balance de 12 meses de la Ley General de Recursos Hídricos plantearon la “emergencia” por los megaproyectos mineros, que impactará aguas de Guatemala, Honduras y El Salvador, así como, el trabajo para rescatar la cuenca transfronteriza, tras lamentar que la “comisión de negociación” debería estar a cargo de este proceso, pero aún no ha sido conformada.
“Consideramos, como desafíos también todo lo que plantea el tema del acceso a la transparencia y la información”, refirió en su intervención Rodolfo Calles, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, al reiterar que la estructura de la junta directiva de la ASA, tiene que contemplar la participación de la sociedad civil a través de un representante -“ignoramos si ya lo escogieron”-, manifestó.
“En esta parte de la información y transparencia se ha identificado que la ASA ha estado realizando una serie de convenios y negociaciones con instancias desde el Estado, pero se desconoce el contenido de esos convenios y sus alcances y han terminado reservando la información. Y esto nos preocupa”, expresó.
“Es un desafío importante porque el agua es un tema tan álgido para toda la sociedad salvadoreña, que debería estar informada sobre lo que pasa en este tema. También nos preocupa el tema de la inscripción de las Juntas de Agua, que a la fecha solo 320 han logrado su registro de las de 2,500 que existen en el territorio nacional. La ASA debería estar fortaleciendo a estas juntas de agua y asesorarlas para facilitar su inscripción, y que no anden en campaña con la gente”, resumió.
Mientras, Carlos Flores, del Foro del Agua, reiteró que el “tema presupuestario”, debe abordarse de manera clara y completa, al mencionar una propuesta gubernamental (2022) que habría un ingreso de 17 millones de dólares de los cuales, 5.6 millones serían transferencia del MARN, por el l Observatorio Ambiental ahora de la ASA. Y el resto sería por la vía del cobro de canon.
“Se ha tratado de plantear ese ingreso porque no existe estructura establecida para cobrar, por lo que seguirá funcionando la estructura de cobro de ANDA, a la industria -ahora entendemos- que ha pasado a la ASA, pero el problema del presupuesto tiene que ver, precisamente en que ahora no hay ejecución”, dijo.
“Están previsto 11 millones de dólares en proyectos de inversión, el asunto es que no sabemos en que se invertirá esa cantidad; hay un convenio de ASA -ANDA, que contempla que la ASA pasará 7 millones a la ANDA, para que desarrolle proyectos de abastecimiento, pero no sabemos en dónde, cuáles y cómo lo harán, entonces, hay un déficit de información que genera dudas”, puntualizó Flores.
