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En el país hay “ciclos de impunidad histórica” como la masacre de indígenas en 1932, y que “nadie pide justicia por ellos”, y tampoco existen peticiones para que las propiedades y bienes de quienes fueron despojados de sus tierras sean regresadas a sus verdaderos dueños.
Redacción Nacionales
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“Hay reos políticos, porque el régimen de excepción está haciendo esto, incluso, el régimen debió terminar hace tiempo. Los Tratados Internacionales hablan de que estos mecanismos deben durar sólo durante una crisis”, explicó Ovidio Mauricio González, director ejecutivo de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández.
Las organizaciones que integran la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador insisten en la existencia de “reos políticos” que se ha enfilado hacia personas defensoras, líderes comunitarios y profesionales que han criticado las medidas de seguridad pública y procesos jurídicos anómalos en el contexto del régimen.
“Hoy estamos peor que durante el conflicto armado (años 80s), por lo menos los Estados de Sitio lo quitaban al mes u otros 30 días más, como dice la Constitución, pero ahora no, porque el régimen de excepción es permanente, esa es la regla de seguridad”, agregó Mauricio González.
Las organizaciones hicieron eco de las capturas de diversas personas defensoras como el abogado Alejandro Henríquez, del Foro del Agua, capturado el 13 de mayo en su lugar de trabajo, bajo el delito de “desórdenes públicos”, luego de acompañar un “plantón pacífico” de la comunidad El Bosque, que pedían interceder al presidente Nayib Bukele, para evitar el desalojo de 300 familias en el cantón El Triunfo, Santa Tecla.
Capturaron también al pastor y presidente de la Cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez, quien fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil, sin ninguna orden de captura. Ambos defensores, fueron a su audiencia inicial 19 días después de su captura en donde el juzgado dictaminó 6 meses de detención preventiva para investigarlos.
También, la captura de Ruth Eleonora López, abogada jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de CRISTOSAL. La detención ocurrió el 18 de mayo en su vivienda, en altas horas de la noche, acusada por la Fiscalía General de la República, primero de peculado, luego por enriquecimiento ilícito. El juzgado 12 de Paz de San Salvador rechazó medidas sustitutivas y su caso tiene reserva total.
A esto se suma, la captura del abogado constitucionalista, Enrique Anaya, el 7 de junio, acusado por la Fiscalía de lavado de dinero. Este profesional es reconocido por ser una “voz crítica” de la actual administración, y que había hecho una serie de señalamientos sobre algunas “ilegalidades”cometidas en la captura de Ruth Eleonora López, así como de su detención preventiva.
Régimen inculca temor a ejercer libertad de expresión
Para Miguel Montenegro, estas detenciones y otras acciones contra la población salvadoreña, son “totalmente claras de un régimen” que dejó de ser de excepción por su permanencia de más de 3 años. “La razón fundamental de mantenerlo a flote es por el control social”, así como para inculcar temor en la sociedad.
“Veamos los operativos realizados últimamente allá en Ilopango, sólo eso -dice mucho-, esas cantidades de jóvenes ¿A dónde está la inteligencia de Estado para detectar todas esas situaciones?, pues no la hay, no existe, es sólo la forma en que él mantiene el régimen de excepción”, señaló.
“Toda la represión que se está viviendo en varios lugares, el acoso a los medios de comunicación que no están alineados a ellos, o el acoso a organizaciones sociales y de derechos humanos, incluso, a países de la Unión Europea y organismos de derechos humanos (ONU/CIDH), es claro, que es su bandera y la tiene bien cuidada”, reafirmó Montenegro.
Asimismo, lamentó el papel de la Fiscalía General de la Repúbica, la PDDH y el sistema judicial, al señalar que están ignorando abiertamente las situaciones de “represión” a la que es sometida la población.
“Estamos viviendo una situación en donde se está sujetando a la población para no propnunciarse. Y ahora, están inculcando el miedo con las capturas, operativos, y todo eso lo hace en el marco del régimen de excepción porque les conviene”, añadió Montenegro.
Ciclos de impunidad en la historia de derechos humanos
El abogado de Tutela Legal “MJH”, David Ortiz, opinó que en el país hay “ciclos de impunidad histórica” como la masacre de indígenas en 1932, y que “nadie pide justicia por ellos”, y tampoco existen peticiones para que las propiedades y bienes de quienes fueron despojados de sus tierras sean regresadas a sus verdaderos dueños.
“En este momento hay un discurso dominante que dice que la guerra civil fue una mentira y, por lo tanto, una farsa, y si es una mentira, entonces, no pueden existir víctimas porque es una farsa. ¿Por qué este tipo de discurso?, bueno, porque busca robustecer esos ciclos de impunidad que se dan en el país”, refirió.
“Esta semana se ha presentado un informe con respecto a los países donde existe riesgo de sufrir tortura y El Salvador, aparece en los primeros lugares, en donde se puede sufrir torturas y gente inocente capturada. Entonces, debemos reflexionar, si sólo nos preocupa la injusticia, si nos pasa a nosotros y sólo cuando hemos sido víctimas, sabemos que este tipo de comportamiento no es el adecuado”, reiteró Ortiz.
Capturas arbitrarias es igual a presos políticos
Vicente Cuchillas, docente de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador (UES), manifestó que las capturas arbitrarias y la ausencia del debido proceso, forma parte del contexto del régimen de excepción, que permite la pérdida de derechos constitucionales como ser informados de los delitos por los cuales les acusan, el tiempo de detención y el derecho a un abogado para su defensa.
“Lo que vemos que ocurre en este momento con estas capturas en las cárceles, les digo esto como víctima, tengo conocimiento en lo personal, fui capturado dos veces durante la guerra en los años ochenta y fui víctima de tortura”, afirmó.
“Estar en situación de secuestro recibiendo estas torturas es algo abominable, quedan secuelas, traumas y dolores para toda la vida. En lo personal es cosa del pasado, pero ahora está tan presente. Por eso pedimos al gobierno que abandone estas prácticas y deje en libertad a los inocentes que están en las cárceles sufriendo”, puntualizó Cuchillas.
