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Redacción Nacionales
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Oscar Grande reside en la colonia Esmeralda, del caserío La Sambumbera, municipio de San Luis Talpa, departamento de La Paz. Su comunidad se encuentra rodeada a pocos metros de campos sembrados de caña de azúcar, cultivo que demanda de mucha agua y herbicidas tóxicos como el Glifosato, para madurar su fruto.
“Padezco de Enfermedad Renal Crónica no Tradicional (ERCT) , voy por los 6 años de padecerla, y es que, el abuso de agroquímicos es complicado para la población que está alrededor de los muchos lugares del cultivo de caña de azúcar. Yo estoy luchando por sobrevivir así como, otros del lugar”, dijo.
“Llevo más de 6 años con esta enfermedad -créanme- es difícil esta lucha diaria que enfrentamos los pacientes con esta dolencia para sobrevivir, cuando ya se está en un tratamiento de hemodiálisis (eliminación de toxinas y agua de la sangre mediante riñón artificial), donde muchas vidas se han perdido, manifestó Oscar Grande.
La Mesa por la Soberanía Alimentaria, denunció públicamente lo que calificaron de una “alianza” entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con la Asociación de Proveedores Agrícolas, en la cual avalan la promoción del riego aéreo de este tipo de sustancias que se ha comprobado son nocivas para el ser humano.
Luis González, integrante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, explicó que el MAG, más que regular la aplicación aérea de “insumos agrícolas”, debe valorar las opiniones que se han vertido sobre “los efectos dañinos” por el uso de indiscriminados de venenos agroindustriales, como el controvertido cancerígeno Glifosato que manufactura la Bayer-Monssanto.
“Los estudios de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) dependencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), han señalado al Glifosato de incrementar hasta un 41% el riesgo de padecer cáncer. A lo que se suman múltiples tribunales internacionales, que han sentenciado su peligrosidad en el ser humano”, señaló González.
Oscar Grande, agregó que al ser paciente renal por la Enfermedad Renal Crónica No Tradicional (ERCT), no solo debe lidiar con las afectaciones de su salud, sino también, los gastos económicos para trasladarse a los centros de atención médica y medicamentos, cuyos costos por su especialización dañan sus ya precarias economías familiares.
“Con la pandemia (COVID-19) se puso mucho más difícil, lo de transportarse al hospital Rosales, y como saben son tratamientos que nosotros como pacientes renales no podemos perder, porque de esto depende que sigamos viviendo, el problema es que esta enfermedad demanda gastos para podernos estabilizar”, manifestó.
“Como pacientes tenemos un sin fin de dificultades, la ayuda que las alcaldías, nos brindaban en el transporte al hospital en San Salvador, ahora están suspendidas, dicen que no pueden porque no les dan el FODES. Y es difícil, primero, porque no tenemos trabajo y no conseguimos trabajo porque por la enfermedad no podemos desempeñar tareas, para tener un sueldo y ayudarnos, ahora nos lo hacemos por nuestra cuenta”, sostuvo Grande.
En este entorno, Luis González afirmó que en el país, entre 2009 a 2018, fallecieron 9, 908 pacientes renales y que el Ministerio de Salud ha catalogado a esta enfermedad como la “tercera” en causa de muerte a nivel general de país. Y es la primera causa de mortalidad hospitalaria en la población masculina y en quinto lugar, para la población femenina. Y que desde el año 2005, vienen incrementando los casos y alrededor de 16 mil personas han sido ingresadas en centros hospitalarios.
“El Atlas Global de Salud de 2019 ha expuesto que para el año 2030 un total de 14.5 millones de personas en todo el mundo padecerán de Enfermedad Renal en etapa terminal. Sin embargo, solo 5.4 millones de personas en todo el mundo serán tratados por la enfermedad y más de 2 millones de personas morirán cada año, debido al poco o ningún acceso a la hemodiálisis o trasplante de riñón”, afirmó González.
Como paciente de hemodiálisis, Oscar Grande comentó que esta enfermedad tomó la vida de cinco integrantes de su familia. El último ha sido su padre, quien falleció el 6 de junio de 2020, durante la pandemia del COVID-19, por su Insuficiencia Renal.
“Hay temor cuando se aproximan los riegos aéreos, es un temor porque contaminan toda el área para octubre y noviembre, que es cuando van a sacar la cosecha de caña de azúcar, todo aquello queda contaminado y allí viven familias con niños pequeños, gente con enfermedades crónicas y todo eso queda contaminado por los herbicidas y ninguna autoridad llega a controlarlo”, expresó Oscar Grande.
La Mesa por la Soberanía Alimentaria reiteró el llamado a la Asamblea Legislativa que decrete la prohibición “absoluta” e inmediata de la fumigación aérea, y, al Ejecutivo, que adopte medidas necesarias de atención adecuada a las personas con enfermedad Renal Crónica en el país.
Asimismo, pidió el cese de la alianza entre el MAG con las mayores empresas productoras de agroquímicos del mundo que son parte del CropLife Latin AmericaXili e integrada por BAYER, BASF, Syngenta, FMC, CORTEVA y Sumitomo Chemical.
“En el año 2010, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley sobre el control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para uso Agropecario, que prohibió 53 plaguicidas”.
“No obstante, 11 fueron observados por el expresidente Mauricio Funes, para que existiera un criterio específico, pero el legislativo no hizo nada y esos 11 quedaron vigentes, esto son: Terbufos, Forato, Metomil, Carbofuran, Glifosato, Paraquat, Látigo EC, Clorpirifos, Hedonal, Imidacloprid y Dimetoato, que deben ser prohibidos por su alta toxicidad”, puntualizó, Luis González.
