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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Organizaciones defensoras de los derechos de la población lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual (LGBTI) anunciaron la realización del Primer Encuentro “Por una Vida Libre de Violencia para la Población LGBTI”, en el marco de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país.
El encuentro se desarrollará este 4 de diciembre en el auditorio 4 de la Facultad de Ciencias Humanidades de la Universidad de El Salvador, a partir de las 12 del mediodía.
Portavoces del movimiento LGBTI se pronunciaron ante el incremento de la violencia contra este sector, y exhortaron a organismos nacionales e internacionales a respaldar la defensa de los derechos humanos de la población LGBTI en El Salvador.
Según detallaron, desde la década de los noventa, más de 600 casos de asesinatos de personas LGBTI han quedado en la impunidad, y subrayaron que desde el año 2015 existe la tipificación de los crímenes de odio y, hasta la fecha, no se ha aplicado en ningún caso.
Señalaron, además, que el único caso que ha sido llevado a instancias judiciales es el de Camila Díaz Córdova, quien fue raptada el 31 de enero de este año en las cercanías del Hospital Benjamín Bloom; tras haber sido golpeada murió en el Hospital Rosales tres días después, por este hecho se procesa a tres policías del sistema de emergencias 911.
“Para las autoridades no existen las muertes LGBTI, porque sistematizan las muertes con base en sus genitales; para ellos solo mueren hombres y mujeres, no hay clasificación de muertes con base en orientación sexual, identidad y expresión de género”, detalló Mónica Linares, de ASPIDH Arcoiris, y dijo que el único registro de estas muertes es el que hacen las organizaciones.
Amalia Leiva, de la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS) considera que el incremento de la violencia a la población LGBTI se debe al discurso de El Salvador como país seguro; “decir que hay cero muertes, decir que no están matando a nadie genera una idea perdida de la realidad, la alza de la violencia a la población LGBTI se ha dado año tras año”, dijo Leiva.
Además, las voceras de las organizaciones denunciaron que las autoridades tienden a ser las mayores violentadoras de derechos de la población LGBTI. “Ellos llegan a registrarlas, extorsionarlas o les dicen que si, no acceden a servicios sexuales, les van a atribuir la tenencia de droga y se las llevan detenidas”, sostuvieron.
Afirmaron que la tendencia es a asumir como “normales” los patrones de violencia contra un grupo poblacional determinado, basados en su identidad de género y orientación sexual.
