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Redacción Diario Co Latino
La detención y encarcelamiento de los líderes de la comunidad Santa Marta y de la asociación ADES ya está en la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Organizaciones presentaron el caso durante el 187 Período de Sesiones de la CIDH, en el que se abordó la “situación de los derechos humanos en El Salvador en el marco del estado de excepción”, implementado en forma continua desde finales de marzo del año pasado.
Alejandra Burgos, de la Red de Defensoras, y Gabriela Santos, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), denunciaron la “criminalización de los defensores del agua y de los territorios libres de minería”.
Ambas activistas de derechos humanos calificaron el proceso judicial contra los ambientalistas de Santa Marta y ADES como una “instrumentalización del derecho penal como estrategia para la fragmentación del tejido social”.
En respuesta, el fiscal general Rodolfo Delgado dijo que no los está “juzgando” por su labor actual en procura de los derechos de las personas, sino por violaciones a derechos humanos que cometieron “quizás” durante su juventud cuando pertenecieron a organizaciones guerrilleras.
Los defensores ambientales de Santa Marta y ADES llevan ya seis meses en prisión y, según organizaciones como la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el caso carece de pruebas reales y de sustento legal. La defensa legal de los líderes comunitarios también señala que la acusación es improcedente porque violenta la Ley de Reconciliación Nacional de 1992.
El pasado 16 de mayo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, expresó su preocupación y pidió la inmediata libertad de los ambientalistas.
Actualmente está pendiente que el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque realice la audiencia especial de revisión de medidas sustitutivas a la detención, ordenada hace dos semanas por la Cámara de Segunda Instancia de Cojutepeque.
Fuentes cercanas al caso dijeron a Diario Co Latino que dicha audiencia “representa una oportunidad para que el Estado salvadoreño acate el llamado de Naciones Unidas y el clamor de más de 250 organizaciones de 30 países que piden la libertad de los líderes de Santa Marta y ADES”.
