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Organizaciones piden suspender restricción de visitas y encierro

Alexander Pineda
@DiarioCoLatino

Organizaciones y colectivos de la sociedad civil solicitaron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que establezca una serie de medidas cautelares a la implementación de la Ley Penitenciaria.

El Servicio Social Pasionista, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y el Movimiento “Los Siempre Sospechosos de Todo” se adhirieron a la demanda de inconstitucionalidad que en diciembre del año pasado presentaron las organizaciones Cristosal y Azul Originario.

Las medidas solicitadas plantean la suspensión de los efectos planteados en la Ley Penitenciaria, mientras se tramita la demanda de inconstitucionalidad a la normativa, especialmente aquellos que restringen las visitas familiares y el aislamiento prolongado o permanente.

El abogado Luis Salazar, de Cristosal, señaló que la petición de medidas cautelares que suspendan la prohibición de visitas y el encierro permanente está motivada por las observaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre pasado.

La CIDH concluyó que los efectos de las medidas extraordinarias en el sistema carcelario, vigentes desde 2016, promueven la violación de derechos esenciales mediante el aislamiento prolongado bajo condiciones inhumanas, suspensión del régimen de visitas y obstáculos para garantizar un debido proceso.

“Los niños tienen la capacidad de sobrellevar la condición de encierro de sus padres, lo que no tienen es la capacidad de sobrellevar un período prolongado de incomunicación con ellos”, dijo en referencia a los menores cuyos padres se encuentran cumpliendo penas carcelarias.

También, el jurista consideró que el régimen al que se adhieren los centros penitenciarios de máxima seguridad puede ser considerado una forma de “tortura”, puesto que se ha demostrado que el aislamiento genera secuelas; “si permitimos la tortura a un sector de la sociedad, luego nos va a llegar a nosotros”, expresó.

Las organizaciones instaron al gobierno central a preocuparse por la crisis humanitaria al interior de centros penales, considerando el alto número de personas privadas de libertad (más de 38 mil) entre quienes cumplen penas y se encuentran enfrentando procesos judiciales y procurar porque el sistema de presidios tenga por objeto la rehabilitación y reinserción de la población.

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