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Samuel Amaya
@DiarioCoLatino
La Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y la Fundación CRISTOSAL, en representación de las víctimas en el caso de la Masacre de El Mozote, presentaron una demanda contenciosa administrativa contra la Corte Suprema de Justicia por presuntas ilegalidades en el nombramientos de la jueza de Instrucción de San Francisco Gotera, Mirtala Portillo, y el magistrado de la Cámara de lo Penal de San Miguel, Fausto Paiz Romero, por los perjuicios de estos actos en el proceso de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños.
Los representantes de las organizaciones dijeron que las demandas agregan que los citados actos administrativos de nombramiento “son ilegales pues adolecen de nulidad al haberse consumado por la Corte Suprema de Justicia omitiendo fases esenciales establecidas en la ley para ese tipo de actos”.
David Morales, jefe de Justicia Transicional de CRISTOSAL, comentó que el acto de ilegalidad fue cometido por la Corte Suprema de Justicia en Pleno cuando se efectuaron las medidas que establecía el decreto legislativo 144 para hacer “una purga judicial” y que provocó el cese “arbitrario” del anterior juez de instrucción, el juez Jorge Guzmán, quien es el que llevaba el caso de El Mozote.
“La ley es muy clara, tanto la Ley de la Carrera Judicial como la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura. El nombramiento de funcionarios judiciales requiere un proceso de selección con una serie de garantías de objetividad en ese proceso que incluye la publicidad de todos los actos”, comentó David Morales.
Morales afirmó que la CSJ procedió a los nombramientos de los referidos funcionarios sin solicitar las correspondientes ternas al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), tras saltarse este paso, se vulneró el artículo 62 de la Ley del CNJ y varias disposiciones de la Ley de la Carrera Judicial.
Por ello, es que los nombramientos de la jueza de Instrucción y el magistrado de la Cámara de lo Penal de la tercera sección de Oriente “son viciados de nulidad”.
“Este tipo de nombramientos ilegales realizados a partir del decreto 144 socava la independencia judicial; nos afectan como parte procesal acusadora en el caso de la Masacre del Mozote y afectan a las víctimas porque les priva de un juez imparcial que llegó bajo un nombramiento apegado a la ley y que por lo tanto ofrece garantías de imparcialidad”, destacó Morales.
Alejando Díaz, de Tutela Legal, sostuvo que estos actos “ilegales” producen nulidad de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos, por lo tanto, se pidió en dichas demandas que se declare la ilegalidad de los actos, y también pidieron la medida cautelar de suspender de forma inmediata los nombramientos de los funcionarios judiciales y que por tanto, se restituya Jorge Guzmán, quien llevaba varios años el caso del Mozote.
Morales agregó que la Sala de lo Contencioso Administrativo tiene una oportunidad de ponerse de lado de la legalidad. “No le estamos pidiendo revisar constitucionalidad, que eso es materia de la Sala de lo Constitucional, le estamos pidiendo revisar legalidad de actos evidentemente nulos que sus propios colegas de Corte Plena emitieron, entre ellos dos magistrados de la Sala de lo Contencioso”.
Agregó que en El Salvador, en estos momentos “no hay garantías de independencia judicial. Pareciera que la Corte Suprema de Justicia responde a una agenda presidencial y no a los fines propios que persigue la Constitución”.
El ex juez Jorge Guzmán fue cesado el pasado 26 de septiembre ya que aseguró que no podía acogerse a “un decreto inconstitucional”.
