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En El Salvador, la carga inducida por el uso intensivo de plaguicidas sigue repercutiendo en la salud de todos los salvadoreños. Foto Diario Co Latino/Cortesía

Organizaciones exigen acciones para erradicar pesticidas

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

En El Salvador, la carga inducida por el uso intensivo de plaguicidas sigue repercutiendo en la salud de la niñez, madres, padres y agricultores”, dijo Norma Mejía, de la Asociación Red Uniendo Manos (ARUMES), en el marco del Día Mundial de la Salud, que conmemora la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 1948.

“Los productos agrotóxicos son responsables de la intoxicación directa de 1 de cada 1,000 salvadoreños por año, que son 94.6 casos de intoxicación por cada 100.000 habitantes. Además del impacto de los plaguicidas en muchas enfermedades como cáncer, anomalías congénitas y otros efectos, como el funcionamiento del sistema renal, hormonal y nervioso”, acotó Mejía.

Asimismo, señaló que en la franja costera, en donde el monocultivo de la caña de azúcar, se reproduce sin regulaciones al uso de madurantes y pesticidas.

Mejía agregó que estos grupos poblacionales continúan siendo impactados por Insuficiencia Renal Crónica, que según datos oficiales del Ministerio de Salud (MINSAL) es la tercera causa de mortalidad general y la primera causa de mortalidad hospitalaria en los hombres.

“Se ha registrado el fallecimiento de 9,908 personas entre los años 2009-2018, por esta enfermedad. Y la fumigación aérea suele ser uno de los principales problemas que enfrentan las comunidades de las zonas cañeras. El país tiene una tasa de mortalidad inducida por esta enfermedad cuatro veces más alta que el promedio mundial, y que el 33 % de los casos de IRC, se originaron de factores de riesgo no tradicionales”, agregó Mejía.

Sobre las investigaciones que realizó anteriormente el Ministerio de Salud, sobre lnsuficiencia Renal Crónica en la población de la zona rural del país, Mejía sostuvo que comprobó que existía el uso de altas cantidades de agrotóxicos y establecía una relación epidemiológica entre los asentamientos humanos y estas prácticas agrícolas.

“Estudios elaborados por la UNES muestran sus efectos tóxicos en la reproducción; en las condiciones de salud renales y hepáticas. Y el potencial papel como disruptor del sistema hormonal. El Salvador ha prohibido ocho plaguicidas para fumigación aérea, aunque hay más de 600 ingredientes activos y mezclas de activos registrados”, indicó.

Omar Flores, de FESPAD, señaló que existe suficiente evidencia material para relacionar la Insuficiencia Renal Crónica con el uso de agrotóxicos, y trajo a cuenta los 96 barriles encontrados en el kilómetro 153 de la carretera Panamericana, en el municipio de San Miguel, y los barriles enterrados en San Luis Talpa, La Paz, que desarrollaron casos de insuficiencia renal en dichos territorios.

“Estas son evidencias concretas que permiten en determinado momento inferir que esta enfermedad está relacionado con los agrotóxicos. En el año 2016, el MINSAL hizo afirmaciones técnicas que señalaron existían pruebas científicas que determinaban que estos agrotóxicos afectaban a las personas con la insuficiencia renal crónica, y que esta es la primera causa de muerte hospitalarias para los hombres y la quinta causa de muerte hospitalaria para mujeres, que tiene un 12 % de letalidad, son afirmaciones técnicas que se suman a las inferencias de hechos concretos que se han venido dando en el territorio nacional”, afirmó.

En cuanto a las obligaciones del Estado salvadoreño, Flores consideró que este ha firmado distintos Convenios y Tratados internacionales, como la Declaración de los Derechos Humanos (ONU), que en su artículo 25 reconoce el derecho a la salud y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 12, establece el derecho a la salud plena para una persona en condiciones de vida digna. Y la Constitución de la República, que en su artículo 1, reconoce el derecho a la salud.

“El Estado salvadoreño está en la obligación de reconocer y garantizar este derecho y si existen las normativas de protección de salud debe ser de manera integral y universal.

En El Salvador, la carga inducida por el uso intensivo de plaguicidas sigue repercutiendo en la salud de todos los salvadoreños. Foto Diario Co Latino/Cortesía

En los últimos meses, hemos solicitado al Ministerio de Salud audiencia para explicarle esta situación, pero a la fecha el MINSA, no nos ha permitido presentarle nuestra visión, los casos, la vinculación de los casos que identificamos con la enfermedad, pero no hay acciones concretas orientadas desde el Estado a minimizar el impacto negativo de esta enfermedad”, señaló.

En cuanto a la inactividad del Estado salvadoreño, frente a esta potencial enfermedad como la insuficiencia renal crónica, pese a las denuncias constantes de comunidades, organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Flores consideró que el interés económico se encontraba de por medio.

“Hay intereses económicos importantes como el crecimiento económico y no el desarrollo de país. A nuestro juicio, hay intereses que en determinado momento hay intereses que el Estado protege y vulnera a otros, como el derecho a la salud de la población. Ya hubo en el año 2013 el intento de una reforma para prohibir 55 pesticidas, fue observado por el expresidente (Mauricio Funes), pero la Asamblea Legislativa no lo superó y no tuvimos normativa para los pesticidas y ahora, será un reto con la nueva composición de la legislatura”, manifestó Flores.

Entre las demandas de las organizaciones, Bernardo Belloso, de CRIPDES, señaló que el órgano Ejecutivo y Legislativo deben trabajar para el control y regulación del uso de pesticidas y el cuidado de la salud de la población, especialmente de los pequeños agricultores que trabajan la tierra y son vulnerados por la toxicidad de estos agroquímicos. “En vista que estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud, no podemos celebrarlo si hay un medio ambiente contaminado, esa es nuestra preocupación el deterioró del medio ambiente, la extracción de los bienes naturales y sus recursos por la agroindustria. El problema es que, no se deducen las responsabilidades de contaminar y afectar la salud de la población más pobre del territorio en el área rural.

Y le pedimos al Gobierno que desarrolle una diagnóstico, un estudio específico de por qué esta población esta muriendo, queremos una actualización”, puntualizó.

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