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Por Leonel Herrera*
El pasado 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Expresión e Información, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) con el objetivo de resaltar la importancia de garantizar este derecho fundamental para la vigencia de la democracia.
La conmemoración resulta especialmente relevante y necesaria en un país como el nuestro marcado por serias restricciones, vulneraciones y ataques contra los derechos de expresión, información y comunicación; situación que está directamente relacionada con el grave deterioro democrático en los últimos cinco años.
Sólo durante el proceso electoral de febrero y marzo de este año, el centro de monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró más de 300 restricciones a la prensa, perpetradas mayoritariamente por personeros del oficialismo.
En 2023 Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló a El Salvador como uno de los países menos respetuosos y más violadores de la libre expresión. El país aparece en el puesto número 115 de la “Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa” elaborado anualmente por la referida organización internacional.
En El Salvador las libertades de expresión y de prensa son vulneradas mediante la permanente descalificación y estigmatización de periodistas y medios críticos, las restricciones al ejercicio periodístico, el uso de la pauta publicitaria estatal como “premio o castigo”, la negación de frecuencias radioeléctricas a medios comunitarios y diversas modalidades de persecución, a través de mecanismos legales y de instancias estatales.
En esto juega un papel central el régimen de excepción como un efectivo mecanismo de intimidación que genera autocensura no sólo de periodistas y medios, sino en gran parte de la población. En las encuestas es creciente la cantidad de personas que dicen sentir miedo de expresar sus opiniones sobre lo que sucede en el país.
Mientras tanto, el derecho a la información se vulnera en dos sentidos: por una lado, mediante el cierre total del acceso a la información, sobre todo sobre el manejo de las fondos públicos; y por otro, a través del clima de desinformación generado por el gigantesco aparato comunicacional del gobierno, el cual difunde propaganda como si fuera información real.
Este omnipresente entramado comunicacional incluye medios tradicionales y digitales, miles de cuentas en redes sociales (Facebook, Instagram, X, TikTok, Youtube), cientos de “granjas de troles” y “cuartos de guerra digital”, redes de influencers, analistas oficialistas, etc.
Y, en la medida que se consolida este régimen autoritario, las libertades de expresión e información serán más vulneradas y violentas. En tal sentido, es esperable que a partir del 1o. de junio, cuando Nayib Bukele asuma inconstitucionalmente su segundo mandato presidencial, haya más restricciones no solo a las libertades de expresión e información, sino a las de organización, participación y otras que son fundamentales para mantener y ejercer el espacio cívico.
Por ahora, censura y desinformación son las realidades que marcan la sombría celebración del Día Mundial de la Libertad de Expresión e Información.
*Periodista y activista social.
