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Por: Licenciada Norma Guevara de Ramirios
El abuso de poder al que hemos estado sometido los salvadoreños en los últimos cinco años, llegó a su punto extremo con la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República.
Responsable de este abuso es la mayoría oficialista de diputados, electa en 2021 y que terminó su mandato el 30 de abril de 2024.
Con la reforma a dicho artículo constitucional, abrieron la puerta para modificar la Constitución en todo lo que quieran, en cualquier momento. Así no se hacen ni se reforman las constituciones, lo que han hecho es un abuso de poder, una ilegalidad, una inconstitucionalidad.
Pero desde el primer día de su gestión en 2021, la legislatura saliente, al servicio de la presidencia de la República y del grupo de poder que le rodea, eliminó la posibilidad de un control constitucional a sus acciones y a las acciones de cualquier entidad estatal; empezó con la destitución inconstitucional de los magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional legitima, y al Fiscal General de la República.
La Constitución violada, pero vigente, establece que para reformarla se requiere un acuerdo emitido por mayoría simple en una legislatura y ser ratificada en una siguiente legislatura por una mayoría calificada de diputados(as).
Además, sentencias de la Sala de lo constitucional estableció pasos mínimos que deben asegurar que el poder constituyente, que somos todos los ciudadanos, tenga la posibilidad de conocer ese acuerdo antes de finalizar un mandato y antes de que se realice la elección de los diputados de la siguiente legislatura, esto para que el pueblo conozca qué partidos, qué candidatos se proponen un cambio y, al votar por ellos, sea una forma de participar o negar esa posibilidad.
A la Constitución promulgada en medio de una situación de conflicto en 1983, en guerra y con variedad de partidos de derecha en una Asamblea Constituyente, se le hicieron importantes reformas en 1991, que le aportaron un enfoque más democrático, realmente progresista a nuestra Carta Magna.
Ese proceso de reforma de 1991 fue producto de la negociación entre el FMLN y el gobierno de entonces, y cada aspecto era objeto de conocimiento público, de allí nació la consignada y anulada en los hechos, independencia judicial, la forma de elegir a las y los magistrados, la obligación de capacitar abogadas y abogados que puedan aspirar a la carrera judicial, separada del ejercicio litigioso de dichos profesionales, su derecho a proponerse para aspirar a esos cargos.
De esa reforma surgieron instituciones, mancilladas ahora por el poder político, como el Tribunal Supremo Electoral, la Policía Nacional Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Defensoría del Consumidor y otras.
En el curso de los años hubo otras reformas que ampliaron derechos a los trabajadores, como el derecho a la sindicalización de los empleados públicos, o el reconocimiento a los pueblos indígenas. Es decir, que si se puede reformar una Constitución, y es obligado que esas reformas sirvan para ampliar garantías, derechos del pueblo, que es, en derecho, el real mandante de los poderes temporales.
Pero cuando llevamos ya mas de dos años con suspensión de garantías constitucionales, de manera abusiva, como recurso para mantener a la población amedrentada, no se puede esperar que reformas que se hagan violando la esencia del mismo artículo reformado, quitando esa garantía de hacer partícipe a la ciudadanía, sean positivas para la gente, no se puede esperar más que nuevos abusos de poder.
Vivir en una sociedad sin ley legítima, vivir en una sociedad sin respeto a la ley superior que es la Constitución, es lo que ya hemos empezado a vivir desde que la mayoría otorgó poder en 2019 y 2021 a una fuerza política autoritaria; y que con el uso abusivo de las reformas electorales y el fraude en 2024 se agencia el “derecho” a profundizar esos abusos.
La responsabilidad de ese cambio político ilegítimo y abusivo no es de todos, al menos las respuestas dadas en estudios de opinión revelan que una gran parte, no poca, rechaza el gobierno de partido único y no confía en reformas a la Constitución que estos puedan hacer.
Los estudiosos de la historia, con toda razón comparan este capítulo de la vida nacional, con el que vivió nuestra sociedad a manos de la dictadura martinista entre 1931 y 1944; aquella llegó a su fin, ojalá no sea tan tarde para que la actual ceda el paso al rescate de la nación y de su democracia.
