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Leonel Herrera*
“No hay jueces en El Salvador”, ha dicho el juez Juan Antonio Durán, esta semana, en una valiente y oportuna columna de opinión publicada en El Diario de Hoy, refiriéndose a la ausencia de control judicial de las actuaciones del gobierno de Nayib Bukele y a la grave situación de indefensión de la población frente a las constantes violaciones de sus derechos.
Durán es de los pocos jueces independientes que aún quedan en el país y el único que denuncia públicamente la falta de independencia judicial resultante de un acelerado proceso de cooptación, sometimiento y control gubernamental del Órgano Judicial.
Este proceso de toma del sistema judicial por el oficialismo inició con el nombramiento de magistrados afines en la Sala de lo Constitucional el 1º de mayo de 2021, luego de la destitución arbitraria de los magistrados legalmente electos en noviembre de 2018.
La revista Gato Encerrado reveló que los magistrados destituidos fueron amenazados y obligados a “renunciar”. Uno de ellos hasta fue chantajeado con dejar morir a su hija internada por COVID en el Hospital Rosales. Según el medio digital, el autor de dicha operación de matonería política fue Conan Castro, secretario jurídico de Bukele.
Los magistrados destituidos habían puesto paro a varios abusos del gobierno de Bukele y condenaron el fallido intento de golpe presidencial contra la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020. Los nuevos magistrados no sólo no sometieron a control judicial las arbitrariedades gubernamentales, sino que hasta avalaron la reelección presidencial prohibida en varios artículos de la Constitución de la República.
La toma del poder judicial se completó el 1º de septiembre de 2021 con una reforma a la Ley de la Carrera Judicial que obligó a retirarse a todos los jueces mayores de 60 años o que tuvieran más de 30 años de servicio. Así el oficialismo pudo sustituir de un solo tajo a más de un tercio de los jueces del país.
La mayoría de estos nuevos jueces resuelven los casos conforme a la conveniencia gubernamental y muchos jueces antiguos también fallan en función de los deseos del oficialismo por miedo a ser trasladados, degradados o destituidos.
Un ejemplo es Mirtala Teresa Portillo, la nueva jueza de Instrucción de San Francisco Gotera y encargada del caso de la Masacre de El Mozote, quien se ha dedicado a dilatar, manipular y autosabotear el juicio contra los ex militares responsables de la peor masacre perpetrada por el ejército gubernamental durante la guerra civil.
Otro ejemplo es la jueza de Primera Instancia de Sensuntepeque, María Elizabeth Amaya Rivera, quien mandó a juicio a los activistas ambientales de Santa Marta y ADES sin que existan pruebas reales sobre los supuestos delitos y la participación de los acusados en su cometimiento.
Así que, con mucho acierto, el juez Durán declara que ya no hay verdaderos jueces en el país, salvo contadas excepciones en algunos juzgados y cámaras penales del país que silenciosamente resisten al embate gubernamental contra el Poder Judicial.
Y si no hay jueces, tampoco hay Fiscalía General de la República, pues la instancia encargada de defender la legalidad y los intereses del Estado y de la sociedad se ha convertido en guardián de los intereses del oficialismo.
Y esto también es resultado de un proceso que inició ese mismo 1º de mayo de 2021 con la elección ilegal de un fiscal general afín al bukelismo: Rodolfo Delgado, quien -tras concluir ese período- fue reelecto en el cargo.
Publicaciones periodísticas de El Faro y otros medios confirman que lo primero que hizo Delgado al asumir su cargo fue suspender las investigaciones sobre delitos de corrupción y negociaciones con pandillas que involucran directamente al gobierno de Bukele.
El fiscal general oficialista desarticuló unidades anticorrupción, destituyó a fiscales que realizaban dichas investigaciones y otros renunciaron por temor a represalias. Así lo denunció en diciembre de 2021 German Arriaza, el fiscal que llevaba el caso conocido como “Catedral”, quien huyó del país luego que sus oficinas fueron allanadas por supuestas órdenes de Delgado.
Abogados denuncian que cuando los jueces no fallan a su favor, la Fiscalía ejerce diversas formas de presión. Un ejemplo es la presión contra los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, quienes resolvieron el denominado caso “Saqueo Público”, donde fueron procesados varios ex funcionarios del gobierno de Mauricio Funes.
Desde diciembre del año pasado hasta esta fecha, dichos jueces han suspendido seis veces la lectura del fallo porque la representación fiscal no está presente. Abogados defensores del caso dijeron a Diario El Mundo que probablemente la resolución judicial no es la que Fiscalía espera y eso explica su actitud dilatoria.
De hecho, el pasado 15 de marzo, en su último intento fallido de dar a conocer la sentencia, los jueces advirtieron que tienen “una resolución unánime” y que “no la van a cambiar”. Esto hace sospechar a los abogados que la Fiscalía podría estar presionando a los jueces para que modifiquen el fallo, lo cual constituye una grave vulneración a la independencia judicial, al debido proceso y a los derechos de los acusados.
En aquella ocasión los jueces también advirtieron que en la próxima audiencia darían su resolución, independientemente de si todas las partes están o no presentes. Sin embargo, dos meses después todavía no programan la nueva y última audiencia.
Y otro ejemplo podría ser la reciente sustitución de Luz María Díaz Ramírez, del Juzgado de Instrucción de San Salvador, que lleva varios casos de ex funcionarios públicos de oposición, entre éstos el ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; el ex presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes; y el ex presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, tres casos relevantes para la publicitada “lucha contra la corrupción” del régimen de Bukele.
Según una nota de Diario El Mundo que fue retomada por otros periódicos, la jueza fue removida de su cargo y trasladada a un tribunal de Apopa. La publicación periodística afirma que en lugar de Díaz Ramírez fue colocado Harol Iván Córdova Solís, un ex fiscal que fue juez en un Tribunal contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Según Diario El Mundo, en 2019 cuatro fiscales criteriados del caso “Corruptela” acusaron a Córdova Solís de cometer delitos de coacción y actos arbitrarios por supuestamente pretender obligarlos a declarar contra el ex fiscal general Luis Martínez y el ex presidente Mauricio Funes.
Por tanto, como dice el honorable juez Juan Antonio Durán, no hay o hay muy pocos jueces en El Salvador; y tampoco hay una verdadera Fiscalía. Ojalá más temprano que tarde la población despierte y se levante contra toda esta manipulación de la justicia en el país.
*Periodista y activista social.
