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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Queremos que se asigne un presupuesto acorde a la vulnerabilidad que tenemos, para enfrentar con mayor efectividad las diferentes emergencias que enfrenta el país”, dijo Mhaydeé Recinos, de la organización de Mujeres Rurales, integrante de la Mesa Permanente por la Gestión de Riesgo (MPGR).
Cada 13 de octubre se conmemora a nivel mundial el “Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres”, y las organizaciones que integran a la Mesa Permanente por la Gestión de Riesgos y la Concertación Regional para la Gestión de Riesgo (CRGR) manifestaron su interés de que el Estado salvadoreño asuma sus compromisos inmediatos, como el estudio de la Política Nacional de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Mitigación de Desastres, que fue presentada en marzo del presente año por el Gobierno anterior.
Mhaydeé Recinos compartió que el 88.7 % del territorio nacional se considera “zona de riesgo”, y que sobre esa superficie se asienta el 95.4 % de la población, lo que eleva la fragilidad territorial. Y les preocupa mucho más que instituciones relacionadas a estos temas como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) o la Dirección de Protección Civil, presenten recortes importantes para su accionar, en la propuesta del Presupuesto General de la Nación para el año 2020.
“En las unidades presupuestarias vemos que el saneamiento ambiental y seguridad hídrica en 2019 tuvo 1.4 millones de dólares, y para el 2020 solo 507 mil dólares (65 % menos).
Para la evaluación y cumplimiento ambiental, de 1.4 millones de dólares pasó a 1.06 millones de dólares (24.8 % menos). El MARN presenta una reducción de 3.8 millones de dólares, 20.5 % de disminución con respecto a 2019, cuando es una entidad muy importante”, explicó.
Las huellas de los terremotos en el país han tenido altos costos en vidas como en 1986 que dejó alrededor de 1,500 muertes o el doble episodio en enero y febrero del año 2001, que sumaron más de 2,000 fallecidos, así como pérdidas materiales, desplazados y daños en la infraestructua que no han tenido mayor supervisión desde el Estado salvadoreño.
A esto se suman las inundaciones por lluvias torrenciales o sequías más amplias y frecuentes cada año, que marcan fenómenos meteorológicos que forman parte del cambio climático que afecta al planeta.
Los integrantes de la MPG y CRGR reiteraron el llamado al gobierno de Nayib Bukele y a la Asamblea Legislativa, para dar prioridad a la prevención de desastres con un enfoque integral y con un giro en el modelo de desarrollo que afecta directamente a grupos vulnerables como niñez, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
Foto Diario Co Latino/Silvia Quinteros.
Magdalena Cortez directiva de la CRGR afirmó, que el tema de los monocultivos no se puede obviar de la mesa de discusión de nuevas políticas en la gestión de riesgos, al contextualizar el escenario de “crisis climática”, en que se encuentra el país, sino en la región centroamericana.
“Es algo que nos preocupa a la MPGR y la CRGR, el tema de los monocultivos porque globalmente se ha denunciado que estamos en una situación grave, en donde puede estar en riesgo la vida total del planeta y cuando escuchamos propuestas del ministro de Medio Ambiente (Fernando López), como presidente del SICA para seguir con los monocultivos como la caña de azúcar o la palma aceitera, creemos que no solo sería un retroceso, sino una grave decisión que puede ser letal. Somos el país de Centroamérica con menor extensión territorial, con alta densidad poblacional y que tiene muchas zonas de riesgos, lo que vendría a aumentar la vulnerabilidad”, acotó.
Asimismo, demandaron que se detengan los megaproyectos urbanísticos, comerciales o industriales, los cuales en su mayoría buscan asentarse en zonas estratégicas de “recarga hídrica” o donde se encuentran mantos acuíferos, lo que garantiza el derecho al agua de la población.
Santiago Rodríguez señaló que el Presupuesto General de la Nación también muestra reducción en otras carteras de Estado que podrían ser la diferencia para las comunidades, como Ministerio de Agricultura y Ganadería, ANDA, así como el MARN, que esta facilitando la aprobación de los permisos ambientales, luego de que diera la orden la Presidencia de la República.
“Como sociedad civil presentamos nuestras denuncias ante la fiscalía, juzgados ambientales y otras instancias de gobierno, las respuestas que dan estas instituciones son a favor de las empresas para que agilicen los permisos. Estamos en un escenario de alto riesgo que profundiza la vulnerabilidad que se ha planteado; por eso pedimos a la población sumar esfuerzos y luchar de manera más articulada y beligerante, porque el riesgo, el escenario que se nos viene, es bastante alarmante”, puntualizó.
