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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Actos arbitrarios, Incumplimiento de deberes y Desobediencia son los delitos identificados por un grupo de organizaciones pro derechos humanos y Memoria Histórica, ante el bloqueo de inspecciones judiciales en archivos militares por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, en el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, ejecutada en diciembre de 1981.
La Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), el Grupo Gestor por una Ley de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro Memoria Histórica presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso, a fin de que investigue la perpetración de tres delitos que están estipulados en el Código Penal salvadoreño: Actos Arbitrarios (art. 320), Incumplimiento de Deberes (art. 321) y Desobediencia (art. 322), respectivamente.
“Se está cometiendo, además, el delito de encubrimiento a los responsables de la masacre de El Mozote y ocultación de documentos”, explicó David Morales, director de Litigio Estratégico de CRISTOSAL, que junto otras organizaciones y víctimas sobrevivientes exigieron al ente fiscal una pronta investigación sobre la diligencia judicial del juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, Jorge Guzmán, que fue bloqueada por las autoridades castrenses el pasado 21 de septiembre.
Morales agregó que, en la cadena nacional presidencial del 24 de septiembre del presente año, el presidente Nayib Bukele dejaba claro que la negativa a la diligencia judicial fue una orden de él, autorizando al ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, de no permitir la inspección judicial.
“Ya entregaron un informe requerido por el juez de Instrucción de San Francisco Gotera y han manifestado que fue una posición oficial de la Fuerza Armada; es decir, ellos dieron la orden y afirmaron que tendrán esa misma nueva posición frente a nuevos intentos de inspecciones en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, esto ha agraviado a las víctimas”, sostuvo.
En cuanto a las víctimas, Morales consideró que las afirmaciones del presidente Bukele, sobre el caso de El Mozote y los archivos fueron “falsas”, al descartar que hubiera alguna posibilidad de que la diligencia judicial tuviera acceso a archivos recientes de plantes militares.
“Los archivos están ordenados por año, por temas, por serie documental y también existe un control de archivo, una especie de índice que refleja todo el contenido; es imposible que se hubieran inspeccionado archivos del presente, lo que iba a inspeccionar son archivos de más de 30 años atrás, y no solo planes militares. Por lo tanto, es una clara oposición política de proteger criminales de guerra, a estas alturas y con todas las promesas que hizo el presidente Bukele, en este caso y sin importar que han cometido delitos, que han admitido públicamente que ahora es formalmente por el informe presentado ante el juez”, argumentó Morales.
Rafael Segura, quien fue víctima de captura arbitraria el 9 de febrero de 1982, y su posterior sometimiento a torturas por la extinta Guardia Nacional (GN), señaló que busca encontrar la verdad y que los archivos militares son la clave para obtener justicia, que le ha sido negada por el Estado salvadoreño, además de lamentar el poder que ejerció para impedir abrir los archivos.
“¿Por qué digo que allí puedo encontrar la verdad de mi captura y tortura? Porque es una institución disciplinada, entre comillas; que maneja todos esos archivos de operativos y tengo mis testigos. Pese a esto, la Fiscalía no ha hecho nada en mi caso, ahora vengo apoyando a esta causa, porque no hay motivo alguno para impedir la apertura de los archivos militares. No podemos seguir permitiendo que maltraten a las víctimas y tampoco a estar a expensas de lo que diga un gobernante”, manifestó.
La Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), el Grupo Gestor por una Ley de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro Memoria Histórica esperan que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe con una investigación exhaustiva y que, al recibir la certificación que le entregará el Tribunal (San Francisco Gotera), pueda establecer las responsabilidades de los funcionarios y aplicar las disposiciones de antejuicio o la instrucción penal de aquellas personas, que no gozan de fuero constitucional.
