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La Alianza por la defensa de los Derechos de las Mujeres se pronunció porque consideran que existe una insensibilidad de género en el funcionamiento del gobierno, y que hay un retroceso en la agenda de derechos de las mujeres, con respecto a la educación, participación política, trabajo, vida libre de violencia y derechos sexuales y reproductivos.
Además, la alianza considera que es necesario que se les siga dando continuidad a programas, proyectos y políticas a favor de las mujeres rurales, y que las demandas sean visibilizadas y priorizadas en los planes del gobierno.
“Exigimos el cese inmediato de las expresiones de violencia por parte del ejecutivo y sus seguidores hacia las mujeres, y una aplicación inmediata de una política pública de Mujeres Rurales, Campesinas e indígenas, asimismo la asignación de presupuesto para su aplicación en los territorios”, expresó la presidenta de IMU y Coordinadora Política de la Alianza de Mujeres Rurales, Mayde Recinos.
Por otra parte, en el marco de las elecciones legislativas municipales llevadas a cabo el pasado 28 de febrero, tuvieron un común denominador que, según la Alianza, fue la falta de equidad de género ya que no fue una candidatura equitativa entre hombres y mujeres, siendo en la mayoría del caso, mujeres siendo diputadas suplentes y no propietarias.
“Nosotras estamos en la posición de primero exigir nuestros derechos, porque los derechos deben de cumplirse y el Estado es el garante de esto, segundo, no nos vamos a quedar calladas, vamos a manifestar públicamente agresiones, trasgresiones y violencia que se pueda ejercer contra las organizaciones feministas y de mujeres”, dijo Recinos.
Recinos hizo énfasis también en el discurso de odio e intolerancia hacia las Mujeres Feministas, donde se promueven ataques y desprestigios en redes sociales, sobre todo a mujeres, y que esas acciones deben denunciarse siempre.
Entre otras demandas que la Alianza exige están que el Estado asigne recursos al Instituto de Transformación Agraria (ISTA) para compra de tierras, reconocimiento a las mujeres como productoras agropecuarias y que se les otorguen tierras a mujeres rurales de todos los niveles; aplicar políticas económicas y leyes dirigidas a reducir la desigualdad económica de las mujeres, incluyendo medidas que promuevan la igualdad salarial.
También que se garantice el cumplimiento a de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres y la ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la mujer dentro de todas las instancias del Estado.
