Organizaciones campesinas denuncian falta de políticas públicas y seguridad jurídica de la tierra

Saúl Méndez

Colaborador

En el marco del Día Internacional de las Luchas Campesinas, conmemorado cada 17 de abril en honor a los trabajadores sin tierra asesinados en la Masacre de Eldorado do Carajás, en Brasil, la CLOC–Vía Campesina y la Mesa de Justicia Climática de El Salvador fijaron su posicionamiento ante la ausencia de políticas públicas para el sector rural y la persistente inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra.

“La falta de legalidad y seguridad jurídica de la tierra para campesinas y campesinos en El Salvador es una deuda histórica que urge ser resuelta”, demandaron.

Las organizaciones señalaron que sin acceso seguro a la tierra no es posible garantizar la soberanía alimentaria, la sostenibilidad de la vida rural ni la justicia social.

“Esta situación profundiza la pobreza, limita el desarrollo de las comunidades y facilita procesos de despojo que vulneran derechos colectivos”, afirmaron.

Asimismo, reafirmaron que la Reforma Agraria continúa siendo una condición indispensable para la construcción de sociedades más justas, al promover la democratización del acceso a la tierra, fortalecer la soberanía alimentaria y enfrentar la alta concentración de la propiedad.

“Frente al avance del agronegocio, el neocolonialismo y la militarización de los territorios, defendemos el derecho de los pueblos a permanecer y decidir sobre sus territorios”, manifestaron.

También recordaron que este 17 de abril de 2026 se conmemoran 30 años de la Masacre de Eldorado do Carajás, ocurrida en 1996 en Brasil, donde 21 campesinos sin tierra fueron asesinados por la Policía Militar mientras ejercían su derecho a la protesta por el acceso a la tierra.

“Este hecho marcó un hito en la lucha campesina a nivel mundial y dio origen a esta fecha de memoria y resistencia”, señalaron.

“A tres décadas de este crimen, denunciamos que la violencia estructural contra los pueblos campesinos persiste, manifestándose hoy en nuevas formas de despojo, exclusión y negación de derechos fundamentales”, denunciaron.

Este año también coincide con el reconocimiento del Año Internacional de las Mujeres Agricultoras, impulsado por la FAO, lo que representa, según indicaron, una oportunidad histórica para visibilizar el papel fundamental de las mujeres en la producción de alimentos, así como las múltiples violencias que enfrentan.

En ese sentido, exigieron la implementación de políticas públicas efectivas que garanticen sus derechos, el acceso a la tierra y condiciones de vida dignas.

Lucha en San Francisco Angulo, Tecoluca

Por otra parte, las organizaciones manifestaron su rechazo a la construcción de un relleno sanitario en la comunidad de San Francisco Angulo, en el municipio de Tecoluca, al considerar que el proyecto ha sido impulsado sin procesos adecuados de consulta y participación comunitaria.

“Representa un alto riesgo de contaminación de fuentes de agua y suelos. Amenaza la salud, los medios de vida y el equilibrio ambiental de la población local”, denunciaron.

“Consideramos inaceptable que este tipo de proyectos continúe imponiéndose en territorios rurales, trasladando los impactos ambientales hacia comunidades históricamente vulnerabilizadas”, añadieron.

“La imposición del relleno sanitario vulnera el Convenio 169 de la OIT y los derechos humanos ambientales, que obligan a garantizar la participación efectiva de las comunidades”.

En defensa de El Espino

Asimismo, se refirieron al caso de la Finca El Espino: “Expresamos nuestra profunda preocupación por la continuidad de procesos de despojo y presión sobre las tierras de la cooperativa en la Finca El Espino, un territorio de alto valor social y ambiental”.

Recordaron que estas tierras formaron parte de la reforma agraria y han sostenido históricamente a familias campesinas.

“La reducción del acceso a la tierra y los procesos de urbanización agravan la inseguridad jurídica y el desplazamiento rural”, expresaron.

“El Espino cumple una función clave en la recarga hídrica y la regulación climática del Área Metropolitana de San Salvador. La pérdida de este territorio no solo afecta a las familias campesinas, sino que representa una amenaza directa a la sostenibilidad ambiental del país”, agregaron.

Peticiones

Ante lo expuesto, las organizaciones exigieron la suspensión inmediata del proyecto de relleno sanitario en San Francisco Angulo; la garantía del derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades; la protección integral de la Finca El Espino como territorio de importancia social y ecológica; el cese de desalojos y toda forma de despojo contra comunidades campesinas; así como la implementación urgente de políticas públicas que garanticen la legalidad, el acceso y la seguridad jurídica de la tierra, junto con alternativas sostenibles para la gestión de residuos sólidos.

“Asimismo, solicitamos que las instituciones responsables garanticen transparencia en la toma de decisiones y rindan cuentas públicas sobre los criterios, estudios de impacto y procedimientos relacionados con el proyecto de relleno sanitario y la administración de la Finca El Espino”, concluyeron.