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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Organizaciones sociales cuestionaron un presunto motivo político de programar la audiencia única en contra de los veteranos y excombatientes de guerra hasta marzo de 2027. Los procesados llevan 2 años y medio en detención sin que la FGR demuestre su culpabilidad.
Es de recordar que los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz: Atilio Montalvo, José Santos Melara, Julio Alfonso Mira, José Eliseo Segura, Wilfredo Paredes, Carlos Mejía, Roberto Antonio Esquivel, Eliseo Alvarado Guevara y José Ismael Santos, así como el comunicador comunitario, Luis Menjívar, están detenidos desde mayo de 2024 acusados por presuntos actos terroristas; sin embargo, la FGR no ha logrado probar esas acusaciones.
La audiencia única se suspendió en dos ocasiones: la primera en agosto y la segunda en septiembre de este año, alegando la falta de conexión por parte de Centros Penales y las citas médicas de los procesados.
La nueva fecha es para marzo de 2027; es decir, en 5 meses. Luego de las elecciones de 2027. “Esta dilación obliga a los presos políticos del caso Alianza Nacional El Salvador en Paz a seguir en prisión, lo cual constituye una grave violación a sus derechos y el principio de una justicia pronta y cumplida”, destacó Lourdes Palacios, del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES).
No se detalló por qué el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador asignó hasta marzo la fecha de audiencia.
Palacios sostuvo que mantener a los veteranos “bajo las actuales condiciones” del sistema carcelario “expone gravemente su salud e integridad física”; además, “somete a sus familias a una angustia diaria debido a la total falta de información sobre su estado y a la restricción cuando han sido trasladados a centros hospitalarios”.
La prórroga ordenada por la jueza 3 para marzo de 2027 significa que pasarán un total de 34 meses en prisión “sin siquiera tener la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa”.
“Ante todo esto, nos preguntamos cuál es el verdadero interés o razón penal para postergar este juicio; por lo cual, demandamos un juicio inmediato, público y transparente que cuente con todas las garantías del debido proceso y la libertad inmediata de los nueve veteranos y excombatientes, así como del comunicador social Luis Menjívar ante la falta de pruebas que no ha podido presentar la Fiscalía”, destacó Palacios.
Palacios sostuvo que la audiencia programada hasta después de las elecciones tiene un objetivo político. “¿A qué los quieren exponer?, ¿a qué moneda de cambio están exponiendo estas 10 personas?”, cuestionó Palacios.
Mextli Montalvo, una de las hijas de Atilio Montalvo, informó que su padre está luchando con una nueva enfermedad surgida a raíz de su estancia en prisión. Montalvo dijo que se trata de una “infección hospitalaria” y actualmente se encuentra en estado grave.
“Él fue detenido en estado grave y no se le no se le permitió durante el año y tres meses que él estuvo (detenido) tener su atención médica de su trato de insuficiencia renal y cardíaca; eso ha sido un desgaste de salud y además ha acortado su esperanza de vida. Toda esta situación se agravó en prisión y él actualmente pues está en estado grave”, destacó Montalvo en conferencia de prensa.
Según destacó Mextli, su padre se ha movido “de la casa al hospital y del hospital a la casa” y el Juzgado lo obliga a ir a diario a la sede judicial, lo que significa un desgaste.
La compañera de vida de José Ismael Santos, Rosa Flores, pidió libertad, justicia y reparación para todos los miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, ya que fueron detenidos “injustamente y arbitrariamente”.
“Ellos no tienen ningún delito a perseguir, le han obstaculizado un debido proceso, les han retrasado las audiencias; por lo tanto, es necesario que los liberen”, dijo.
Rafael Antonio Gonzáles, abogado de Roberto Antonio Esquivel y José Ismael Santos, dijo que se ha realizado un proceso “prolongado”; pese a ello, “la inocencia de nuestros representados se mantiene”.
El abogado informó que han solicitado las medidas sustitutivas, pero no les han concedido ese derecho. “Mis representados son personas que han trabajado toda la vida de manera honrada; es más, a uno de ellos lo fueron a capturar en su trabajo”, dijo.
Erika de León, de los movimientos de despedidos del sector salud, también participó en la conferencia de prensa como forma de solidaridad con los veteranos. “El aplazamiento de la audiencia y la extensión de esta es una tortura no solo para cada uno de los detenidos sino una tortura a la familia y una tortura a la sociedad”, agregó.
“¿Cómo es posible que en dos años no se haya dado la audiencia?, ¿por qué? Porque no hay pruebas; estamos convencidos y estamos dando fe que cada uno de ellos es inocente”, destacó de León.
