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Ramiro Navas
Tres años han pasado desde que ocurrió lo que por mucho tiempo se creyó imposible: un candidato ganó las elecciones sin competir bajo la bandera de los partidos mayoritarios. Y un año ha pasado desde que, además, su gobierno obtuvo la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. La línea temporal que une esas fechas con el día de hoy está marcada con conocidos capítulos de retroceso democrático, toma de las instituciones, violaciones de derechos humanos, ocultamiento de información, improvisación y privilegios para la élite gobernante.
Bastante se ha escrito sobre las razones que llevaron a El Salvador a este punto. Naturalmente no es cierto que el fenómeno del bukelismo surgió de manera espontánea, como tampoco es cierto que “todo es culpa de los mismos de siempre”; esos reduccionismos son peligrosos cuando se trata de sacar conclusiones. Lo cierto es que la prolongada crisis de credibilidad del sistema de partidos abrió una fisura suficientemente grande como para que alguien con los recursos suficientes pudiera aprovecharse y derribar la pared. Eso pasó en 2019, y ahora al país solo le ha quedado buscar pan entre los escombros de la pared tumbada.
Disperso entre los ladrillos y la polvareda está ese conjunto de entes e intenciones que se suele llamar “la oposición”. Un conjunto que, tal y como lo determina su propia naturaleza, tiene como único elemento común y determinante su definición de oponerse al bloque oficialista. En esos términos, las oposiciones en sí mismas no requieren de mayores convergencias. Existen casi de forma automática en las democracias liberales precisamente porque son su legitimador: el poder es válido sí y solo sí hay contrapesos que lo controlen. Por eso hoy en El Salvador el espacio de “la oposición” es tan extenso que puede abarcar hasta a las antípodas ideológicas, ubicadas incluso más allá de los partidos tradicionales.
Sin embargo, con las condiciones actuales del país, para cumplir la tarea de retomar el proceso de profundización democrática que inició con los Acuerdos de Paz y fue interrumpido por el bukelismo no basta solo con la existencia automática de la oposición.
Debe existir en sus adentros un conjunto de fuerzas de reflexión y acción colectiva que reaccione a la agenda verticalista y antidemocrática del gobierno, capaz de contrarrestar sus efectos en múltiples vías y frentes. Un espacio igualmente amplio, pero ya no solo determinado por la definición de oponerse sino por la determinación de actuar.
Ese cúmulo de resistencias, que evidentemente existe y acumula fuerza en El Salvador, se va alimentando tanto de luchas históricas como de un espíritu contestatario que confronta no solo las acciones del gobierno, sino sus fundamentos y su credibilidad.
Ahora bien, resistir en sí mismo es una labor urgente, necesaria para el momento que vivimos, pero insuficiente para concretar un cambio profundo en la actual configuración social y política del país. Por esa razón el creciente conjunto de resistencias tiene ante sí una doble tarea: primero, la de definirse y fortalecerse en función de impedir el avance del proyecto antidemocrático del bukelismo, o al menos disminuir considerablemente su aceleración; segundo, y más importante, explorar la posibilidad de construir un diálogo más aterrizado, sobre la base de las convergencias y sin obviar las divergencias, para pasar de la mera resistencia a la consolidación de una potencial alternativa.
Ese debate no será ni fácil ni inmediato, pero pronto deberá comenzar.
Y deberá sostenerse con la claridad de que un cambio profundo en el rumbo del país no se reduce nada más a los resultados de elecciones, pero que tampoco se puede obviar que por ahora el voto es la herramienta más accesible para cambiar la correlación política que le favorece al bukelismo.
No basta oponerse y ya. Las alternativas realmente transformadoras se construirán desde la resistencia colectiva.
