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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunciara la fase VI del Plan Control Territorial denominada “integración”, diputados de oposición han cuestionado los procesos, ya que si el PCT ha dado “resultados” no habría necesidad de un régimen de excepción. La fase VI lleva consigo la disolución de INSAFORP; los fondos provenientes del sector privado pasarán a ser manejados por el Estado. La diputada por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Rosa Romero, sostuvo que, “si el Plan Control Territorial hubiese funcionado, no se hubiera utilizado la herramienta del régimen de excepción”.
El régimen de excepción es la herramienta estatal que utiliza el Gobierno para “combatir frontalmente las pandillas”. Medida que ha dejado a más de 73 mil presuntos pandilleros tras las rejas; sin embargo, ha dejado a miles de personas inocentes de igual forma capturados; muchos de ellos incluso han fallecido debido a la negligencia del Estado.
“Ahora, con el régimen de excepción, se reconoce que hay cierta tranquilidad en la población, entonces, si van a seguir con el Plan Control Territorial debía de no continuar el régimen porque viola garantías constitucionales; entonces, si el PCT está funcionando y ahora viene con más dinero, pues hay que darle seguimiento a ver qué tan efectivo va a ser”, dijo la tricolor.
La diputada por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, dijo que este tipo de esquema, que pretende realizar el gobierno, ya se ha hecho antes; “lo que dicen es que va a ser para la fase Integración del Plan Control Territorial, se habla de mejorar, pero ya hemos tenido experiencias donde se crean nuevas instituciones bajo este formato como la DOM (Dirección de Obras Municipales) por ejemplo y no ha sido precisamente un éxito”.
Ortiz explicó que de los fondos de INSAFORP, los cuales provienen de las contribuciones de los patronos y de los trabajadores, se irá un porcentaje al fondo general, “de alguna manera se está creando un impuesto escondido en esto”.
“Hay un impuesto escondido que va el fondo general y nada nos garantiza, en el momento actual, que eso se va a ocupar efectivamente en la formación profesional de jóvenes, entonces, ese es uno de los detalles más importantes, creo que se está debilitando y retrocediendo en el derecho de la población de contar con formación profesional y vocacional a expensas de que el estado logre mayores ingresos; es una evidencia de que no hay suficiente dinero en las arcas del Estado”, puntualizó la parlamentaria.
