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Autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública junto al IILA en el Tercer Foro Regional sobre Justicia Penal Juvenil. Foto Diario Co Latino/@MiSeguridad_SV.

Operadores de justicia analizan propuestas para atención integral de jóvenes en conflicto

Oscar López

@OscarCoLatino

Funcionarios del sector justicia de Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador participaron en el “III Foro regional sobre Justicia Penal Juvenil”, en el que se pretende analizar y fortalecer los sistemas de justicia penal juvenil de los países antes mencionados, mediante el diálogo y el intercambio de propuestas de reformas a los modelos de atención integral a los adolescentes en conflicto con la ley.

Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad Pública, comentó que los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) en los últimos años tuvieron una reducción gradual de los índices de violencia, principalmente de las tasas de homicidios cometidos contra adolescentes y jóvenes.

“Esto ha sido después de muchos años de reformas continuas, de superar como región una realidad en la cual el enfrentar el tema de violencia e inseguridad únicamente o casi exclusivamente con la aplicación de la ley penal, con la acción de la fuerza pública, buscando respuestas que conllevarán más leyes, más cárceles, más policías”, externó Ramírez Landaverde.

El funcionario agregó que enfrentar el problema mediante la represión ocasionó que el Triángulo Norte presentara los indicadores de violencia más altos del mundo, lo que implica mayores índices de prisión (condenas).

Ramírez Landaverde aseguró que en El Salvador el 2017 fue el “mejor año en cuanto a la reducción de las tasas de homicidios de niños y adolescentes, de 627 muertes violentas que se presentaron en el 2016, el año pasado se redujo a 232, eso representó una reducción del 63% y este año tenemos una tendencia a la reducción”.

Roberto Bonini, jefe del proyecto Menores y Justicia, comentó que los jóvenes en conflicto con la ley no deben ser considerados como “una generación perdida”, por lo que enfatizó a los operadores de justicia que privarlos de libertad no significa que se debe privar a los jóvenes de esperanza y de oportunidades de reinserción.

“En nuestro trabajo tendemos a creer que el destino que muchas veces se pinta como inevitable para los chicos que viven en lugares donde abunda la criminalidad, o que se encuentran en situaciones de conflicto con la ley, es un destino inevitable, naciste ahí y así te toca, hiciste eso y eso serás toda tu vida, ese destino no necesariamente tiene que ser el destino de esos jóvenes”, argumentó Bonini.

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