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Redacción Nacionales
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aclaró que la mayoría del personal militar salvadoreño enviado recientemente a Haití no forma parte de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), por lo que queda fuera del ámbito de competencia y presentación de informes de la Oficina de Apoyo de Naciones Unidas en ese país.
El pronunciamiento establece una diferencia entre los militares salvadoreños incorporados a la misión internacional y los efectivos adicionales desplegados por el Gobierno de Nayib Bukele, en medio de una escalada de operaciones contra las pandillas haitianas y de la búsqueda de cuatro integrantes de la Fuerza Aérea salvadoreña desaparecidos desde el 18 de octubre.
“Las Naciones Unidas tienen conocimiento de los informes sobre el despliegue de personal militar salvadoreño adicional en Haití”, señaló el organismo, al explicar que la gran mayoría de estos efectivos no se encuentra desplegada en el marco de la GSF.
La declaración también delimita las funciones de la Oficina de Apoyo de Naciones Unidas, cuya responsabilidad consiste en proporcionar asistencia logística y operativa a la fuerza internacional, así como garantizar el cumplimiento de la Política de Debida Diligencia en Materia de Derechos Humanos.
La aclaración no significa que las operaciones militares realizadas fuera de la estructura de la GSF estén exentas de obligaciones internacionales. Naciones Unidas ha reiterado que todas las acciones de seguridad en Haití deben respetar el derecho internacional, incluidos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Despliegue fuera de la estructura internacional
La participación salvadoreña en Haití comenzó en el marco de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), impulsada para respaldar a la Policía Nacional haitiana frente a la expansión de grupos armados.
En septiembre de 2025, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la transformación de esa misión en la Fuerza de Represión de Pandillas, con un mandato ampliado para enfrentar a las estructuras criminales.
La nueva fuerza tiene una capacidad autorizada de hasta 5,500 integrantes entre militares, policías y personal civil. Sin embargo, su despliegue ha enfrentado dificultades de financiamiento, equipamiento y disponibilidad de contingentes, mientras las pandillas mantienen el control de amplias zonas de Puerto Príncipe.
El 29 de septiembre de 2026, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó una ley especial transitoria para mantener la participación de la Fuerza Armada en la GSF durante un período inicial de 12 meses, a partir del 2 de octubre.
La normativa contempla el envío de personal militar y civil, aeronaves y otros recursos. También establece que El Salvador conservará jurisdicción sobre sus integrantes, conforme a los tratados internacionales aplicables.
Sin embargo, el despliegue adicional anunciado por Bukele tras la desaparición de los cuatro militares ha generado interrogantes sobre la estructura de mando, las reglas de operación y el alcance de la intervención salvadoreña.
La agencia Reuters informó el 27 de octubre que alrededor de mil soldados salvadoreños habían llegado a Haití, mientras que el 29 de octubre reportó que el contingente podría superar los dos mil efectivos.
El medio internacional advirtió que no estaba claro quién comandaría a las nuevas tropas, cuánto tiempo permanecerían en territorio haitiano ni si operarían bajo la estructura de la GSF.
Una crisis que desborda a Haití
La situación haitiana se agravó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021, que profundizó el vacío institucional y la crisis política.
Desde entonces, las organizaciones criminales han extendido su dominio territorial, mediante secuestros, extorsiones, ataques armados y desplazamientos forzados.
Reuters reportó que cerca de 1.5 millones de personas han sido desplazadas por la violencia, mientras las pandillas continúan expandiendo su influencia en la capital y otras regiones del país.
La respuesta internacional ha sido cuestionada por sus limitaciones. La anterior misión multinacional, encabezada por Kenia, enfrentó problemas de recursos y personal, sin lograr contener la expansión de las estructuras criminales.
La creación de la GSF buscó fortalecer la capacidad de intervención, pero el nuevo despliegue salvadoreño abre un debate sobre la coordinación entre las fuerzas internacionales y las operaciones nacionales.
El Washington Post señaló, al informar sobre la aprobación de la nueva fuerza, que persistían dudas sobre su financiamiento, las reglas de enfrentamiento y la estrategia de salida. También advirtió que el restablecimiento de la seguridad requiere fortalecer las instituciones haitianas y frenar el tráfico ilegal de armas.
Derechos humanos y protección de civiles
La ONU ha insistido en que la seguridad no puede alcanzarse a costa de la población civil.
El organismo ha reiterado que las operaciones de la GSF, las autoridades haitianas y sus socios deben desarrollarse en plena conformidad con el derecho internacional aplicable.
La política de debida diligencia en materia de derechos humanos establece obligaciones para Naciones Unidas al brindar apoyo a fuerzas de seguridad, con el objetivo de evitar que su asistencia contribuya a violaciones graves.
En ese contexto, la aclaración sobre el contingente salvadoreño adquiere relevancia: la mayoría de los nuevos efectivos no está comprendida en el ámbito de competencia y presentación de informes de la Oficina de Apoyo, según el pronunciamiento.
Naciones Unidas también confirmó haber recibido una carta firmada por Wilson Joseph, líder de la estructura 400 Mawozo, dirigida al secretario general. El organismo aclaró que la recepción del documento no implica reconocimiento del remitente ni respaldo a su contenido.
La desaparición de los cuatro militares salvadoreños ha sido el detonante de la ampliación del despliegue. El Gobierno de Bukele sostiene que la operación busca localizarlos y enfrentar a las estructuras responsables de la emboscada.
No obstante, la advertencia de Naciones Unidas coloca sobre la mesa una pregunta central: quién supervisa las acciones de los efectivos que operan fuera de la misión internacional y qué mecanismos garantizarán la rendición de cuentas ante posibles abusos.
La crisis haitiana requiere respuestas urgentes, pero también garantías para una población que ha sufrido años de violencia, intervenciones extranjeras y debilitamiento institucional. El desafío será evitar que una operación presentada como respuesta de seguridad termine profundizando la incertidumbre y el sufrimiento de los civiles.
