Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Redacción Nacionales
#DiarioCoLatino
Esta semana se dio a conocer que cinco mecanismos de Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas (ONU) hicieron pública una carta de alegaciones dirigida al Gobierno de El Salvador en la que expresaron preocupación por el estado de salud de la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth López, así como por las circunstancias de su prisión preventiva, vigente desde mayo de 2025.
La comunicación, fechada el 21 de julio de 2026, fue suscrita por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, la Relatora Especial sobre el derecho a la salud física y mental y la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.
Los mecanismos de la ONU han destacado la participación de Ruth López, abogada e integrante de Cristosal, en investigaciones y en la presentación de avisos y denuncias contra altos funcionarios estatales por presuntos casos de corrupción. López se encontraba al frente de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de esa organización al momento de su captura.
Detallaron que ya habían enviado comunicaciones al Gobierno salvadoreño sobre el caso el 7 de julio y el 28 de noviembre de 2025, y que recibieron una respuesta estatal a la primera de ellas en septiembre de ese año. Sin embargo, sostienen que persisten motivos de preocupación relacionados con la situación de López.
En la carta se explicó que antes de su detención en centros penitenciarios, exámenes médicos habrían identificado la posible presencia de una enfermedad, pero los familiares de López no habrían recibido información sobre los resultados de los estudios realizados durante su privación de libertad, ni sobre un eventual diagnóstico o tratamiento.
De acuerdo con la comunicación, el 16 de mayo de 2026 familiares de la defensora recibieron información extraoficial sobre un deterioro de su estado de salud y su supuesto traslado al Hospital Nacional de la Mujer “Dra. María Isabel Rodríguez”.
Dichos mecanismos de la ONU explicaron que un familiar acudió al hospital al día siguiente y que, tras solicitar información, se le habría comunicado que López había sido atendida el 13 de mayo, que el 15 de mayo se le practicó un procedimiento médico y que recibió el alta el 16 de mayo.
La familia no habría recibido información oficial sobre el procedimiento realizado, el diagnóstico, el pronóstico ni el seguimiento médico requerido. Los expertos también informaron que medios de comunicación reportaron sobre su traslado y la intervención, mientras que sus familiares y representantes legales habrían realizado solicitudes para obtener información sin recibir respuesta.
Los cinco mecanismos también expresaron preocupación por la continuidad de la prisión preventiva de López debido a su condición de salud.
En comunicación se enfatizó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la defensora el 22 de septiembre de 2025, ya que consideró que se encontraba en una situación grave y urgente en la que sus derechos a la vida, integridad personal y salud podrían sufrir daños irreparables.
Según la carta, la CIDH también requirió al Estado salvadoreño revisar la continuidad de la prisión preventiva para evaluar su legalidad y proporcionalidad conforme a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Los relatores y el Grupo de Trabajo de la ONU indicaron que la preocupación se intensifica ante la información sobre la necesidad de seguimiento y tratamiento médico de López y los posibles efectos que tendría cualquier retraso en el acceso a atención especializada.
Asimismo, expresaron preocupación por la falta de visitas regulares de sus familiares y de su equipo legal, pese a que cuenta con un abogado de su elección.
Por ello, los mecanismos especiales solicitaron al Gobierno salvadoreño información sobre cuatro aspectos principales: las alegaciones relacionadas con el caso, la base jurídica y factual de la privación de libertad de López; su diagnóstico, tratamiento y seguimiento médico, y las medidas adoptadas para garantizar el contacto con sus familiares y la comunicación privada con su equipo legal.
La comunicación también informó que, una vez transcurridos 60 días, tanto la carta como la eventual respuesta del Gobierno podrán hacerse públicas mediante el sitio web de informes de comunicaciones de Naciones Unidas. Si el Estado responde dentro de ese plazo, ambos documentos podrían publicarse antes.
Además, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria advirtió que podría remitir el caso mediante su procedimiento ordinario para pronunciarse sobre si la privación de libertad fue arbitraria o no. Los mecanismos aclararon que la carta de alegaciones no prejuzga la opinión que posteriormente pueda emitir ese Grupo de Trabajo.
Los expertos instaron al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos y libertades de López y, en caso de comprobarse las violaciones alegadas, investigar los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
